Faltan por lo menos 10 millones de pesos para terminar el rastro Tipo Inspección Federal (TIF), que se construye en la comunidad de El Salto, pero aún no se decide quien lo administrará, explicó ayer el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Estado de Guerrero (Sagadegro), Juan José Castro Justo
Mientras se siguen sacrificando los animales en los 71 rastros tolerados que hay en Acapulco, los cuales pagan por cada animal sacrificado y los introductores de carne por cada kilo que ingresa al municipio.
El titular de Sagadegro informó que ayer en una reunión en las oficinas de Sagarpa federal se trató el tema, con la intención de que se aporten los recursos necesarios para terminar este proyecto que inició en 2014.
En febrero, el director de Rastro municipal, Miguel Ángel Rabadán Alvar, adelantó que era probable que el rastro TIF estuviera funcionando para mediados de este año, sin embargo a menos de dos meses de terminar 2017, aún no se tiene una fecha para el arranque de operaciones.
Consultado vía telefónica, Castro Justo explicó que no se ha avanzado en determinar quién operará el rastro porque no se ha concluido la obra, y para ello se requieren por lo menos 10 millones de pesos, aunque el presupuesto integral representaría el doble de esta cantidad.
Indicó que según lo que “le han dicho” hace falta un cerco perimetral y un pozo de agua o un lugar para almacenaje de agua.
“Estamos primero en la búsqueda de los recursos para la conclusión del rastro. Están acordando entre las partes que han venido apostándole al proyecto, y una vez que concluya ir viendo cuál es la mejor forma que pueden tener éxito la operación del rastro”, expuso.
Añadió que ayer tuvieron una reunión en la Sagarpa, a la que acudió el gobernador Héctor Astudillo Flores, al aniversario del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), por lo que esperan que en “pocos días los recursos se puedan tener para reiniciar los trabajos”.
Castro Justo no quiso dar detalles de las opciones que se tiene para la administración del nuevo rastro y argumentó que están en análisis de las mismas, por lo que “no quería hablar del tema”.
En la Asociación Ganadera de Acapulco lo único que saben del proyecto es que está detenido y que falta dinero para que se concluya, de quién lo administrará y aunque a ellos los invitaron a participar en las reuniones no fueron considerados como posibles concesionarios, sino sólo empresas de cárnicos.
En julio, el alcalde Evodio Velázquez Aguirre se reunió con representantes de la empresa grupo PISIS, que es una empacadora y distribuidora de alimentos cárnicos, la cual hizo una propuesta al municipio para administrar el rastro municipal desde la matanza, corte y hasta el empaque de la carne.
Por su parte, el director de Rastro municipal, Miguel Ángel Rabadán, dijo que la operación del rastro podría estar a cargo del estado, del municipio o de un particular. En los dos primeros casos, tanto el estado como el municipio se encargarían de todos los gastos que generé la operación del lugar, agua, luz, nómina, mantenimiento y demás servicios que se tengan que pagar, y se establecería una tarifa a los ganaderos por el servicio que se daría.
En el caso de que sea un particular el que lo administre, sería concesionado y tendría que pagar al municipio una renta por el inmueble, y el concesionario establecería las tarifas por los servicios que se den.
En la concesión, indicó que funcionario municipal se pueden poner clausulas en las que se establezcan condiciones para la prestación del servicio como que todos los animales que se sacrifiquen en Acapulco se tiene que hacer en ese lugar.
Explicó que la mayoría de los rastro TIF en el país están concesionados a particulares, y en los municipios con mayor viabilidad económica lo maneja la administración municipal.
Actualmente en Acapulco se tiene un censo de cien introductores de carne al municipio, los cuales pagan 35 centavos por cada kilogramo que ingresan para su comercialización.
Según el censo de la Dirección Municipal de Salud, que revisa las medidas higiénicas, donde canalizan el agua e imparte pláticas a los propietarios para el control sanitario, existen 71 rastros tolerados, 59 de pollos, ocho de puercos y una cámara frigorífica, uno de codorniz, uno de chivo y uno de res, estos pagan al municipio una cantidad mensual por cada animal sacrificado.
En la Ley de Ingresos 2017 se establece que por la matanza de ganado vacuno y equino en los rastros tolerados se debe de pagar una unidad de medida y actualización vigente que es de 75.49 pesos por animal.
Por ganado porcino, ovino y caprino es de 37.75 pesos, y en el caso de aves y lepóridos 2.26 pesos.
En dicha Ley se establece que en cuanto a los servicios en el rastro TIF, como son estancia en corrales, refrigeración hasta de 24 horas, sacrificio, desprendimiento de piel, rasurado, extracción y lavado de viseras, los costos serían los siguientes: por ganado vacuno 375 pesos por cabeza; y por porcino 130.60 pesos, y por animal de más de 130 kilogramos, 209 pesos.
Por hora extra de refrigeración de bovinos y porcinos se cobraría 75.45 pesos, que es la unidad de medida y actualización vigente; por el uso de corrales y corraletas 116.25 pesos, y por la expedición de certificados zoosanitarios de movilización, incluyendo sellos de seguridad de productos cárnicos, se pagan 303.46 pesos.