Karina Contreras

El titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios Mirón, se pronunció porque se reforme la actual Ley Minera donde se incluyan, entre otros aspectos, la obligatoriedad de manifestación de impacto ambiental, así como la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas y núcleos agrarios, lo que va a permitir la protección del derecho a la libre determinación, al desarrollo sustentable, a la propiedad ancestral, a la biodiversidad y a la identidad cultural.
El funcionario federal estuvo en Acapulco para participar con la ponencia magistral Minería y territorios agrarios en México durante la 34 Convención Internacional de Minería, que se lleva a cabo en Mundo imperial y que organiza la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), que preside Sergio Almazán Esqueda.
Ahí, Palacios Mirón dijo que en la Ley Minera no está considerada la consulta a los propietarios de tierras ni su participación en los proyectos por lo que “las concesiones constituyen una imposición sin procedimientos compensatorios claros por impacto social o ambiental o con relación a la ocupación superficial o servidumbre de paso”.
Dijo que en 1992 se realizó la reforma a la Ley Minera para permitir el ingreso de empresas extranjeras “declarando la explotación de minerales como causa de utilidad pública y preferente por sobre cualquier otro uso de la tierra”. Para 2014 de nuevo se reformó la ley para ampliar la posibilidad de otorgar concesiones para la extracción de bienes y “el nuevo ciclo de la economía neoliberal mundial impuso una nueva lógica para atraer la inversión extranjera para lograr la obtención de minerales en su conjunto que promueva grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados, orientados, sobre todo, para la exportación.
Subrayó el funcionario federal que los efectos de esa política, que careció de limitaciones, afectaron los territorios y agrede al conjunto de recursos naturales: tierras, agua, bosques, selvas y biodiversidad, así como a las formas de convivencia y de organización social.
Señaló Palacios Mirón que la Ley Minera considera que las actividades extractivas pueden beneficiarse de la suscripción de contratos y convenios de ocupación superficial y servidumbres de paso en los núcleos agrarios que se encuentran contemplados en la ley de la materia.
Palacios Mirón dijo que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador las instituciones trabajan de “manera decidida para proteger la vida de las personas, impulsando un modelo de desarrollo para que las comunidades conserven y aprovechen sustentablemente los recursos que disponen; participen en la generación de riqueza y puedan heredar un territorio sano y digno a las próximas generaciones”.
Agregó que el impacto en las comunidades respecto a la apropiación del territorio y la deforestación, el uso y contaminación del agua, el suelo y el aire, así como la afectación a la flora y la fauna “son razones contundentes para que la Cuarta Transformación, en apego a sus principios y valores, establezcan un nuevo equilibrio entre los intereses de la nación y los núcleos agrarios, el bien común y la conservación y restauración del ambiente”.
Manifestó a los presentes que en los últimos años se han agudizado los problemas de pobreza y marginación en el campo mexicano por el abandono de espacios productivos, la inseguridad y falta de mecanismos de gobernanza, así como la depredación ambiental, agravada con el impacto de una visión extractivista del ambiente “lo que ha generado un debilitamiento de las relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad al interior de los núcleos agrarios”.
Insistió el funcionario federal que la política neoliberal de las últimas décadas afectó de manera importante, no solo los territorios, sino el conjunto de los recursos naturales, así como las formas de convivencia y de organización social. Señaló el funcionario que el gobierno federal rechaza la minería a cielo abierto y “también ha decidido tener un país libre de fracking porque constituyen actividades altamente agresivas en contra de los territorios generando diversos daños ambientales de gran impacto y contaminación de aguas y aire, además de las especies de flora y fauna”.
El procurador agrario señaló que la relación con los núcleos agrarios requiere el establecimiento de nuevos tratos en la perspectiva de lograr no solamente la equidad y la compensación económica a los dueños de la tierra que se ve afectada por ocupación superficial o servidumbre de paso, sino que se establezcan una perspectiva de conservación, rehabilitación y restauración ambiental. Manifestó que estaba seguro que con el diálogo se podrá construir nuevas alternativas útiles para el desarrollo de la minería, la conservación y restauración ambiental, así como el bienestar de las comunidades y núcleos agrarios.
“Los más de 32 mil ejidos y comunidades legalmente constituidas en nuestro país son una cuestión histórica, vigente, determinante, pues estos espacios constituyen gran parte del territorio nacional y albergan una vasta diversidad de ecosistemas y recursos naturales y son hogar de muchas y muchos mexicanos, incluyendo, nuestros pueblos indígenas”, concluyó.