Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que la operación de grupos del crimen organizado en México y toda la región de América Latina, afecta el desarrollo económico de la región.
Por medio del informe Delitos Violentos e inseguridad en América Latina y el Caribe: una perspectiva macroeconómica, se indicó que los grupos delictivos generan pérdidas cercanas a 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Latinoamérica.
El informe señala que América Latina es la región más afectada por delitos violentos en el mundo, ya que ahí se concentra 8 por ciento de la población global pero contabiliza 29 por ciento de los homicidios que hay a nivel global.
El documento del FMI presenta un apartado sobre el caso concreto de México en el que señala que los grupos criminales están fuertemente involucrados en la extorsión con réditos provenientes del narcotráfico, lo que permite que puedan desafiar a las leyes.
“De hecho, las actividades relacionadas con las drogas siguen adaptándose a la evolución de la demanda, reflejado recientemente en un aumento sustancial de las exportaciones de fentanilo” puntualiza.
El FMI señala que es complejo cuantificar la presencia del crimen organizado en un nivel local, pero que se puede observar su presencia conforme a las estadísticas de delitos como homicidios, extorsión y secuestro.
El documento recupera datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), concretamente sobre la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) y se afirma que la presencia del crimen organizado dificulta la movilidad de la población, lo que deriva en una reducción de la actividad económica.
Señala también el hecho de que en el país no se presenten castigos para los grupos del crimen organizado, permite la operación de sus elementos para continuar con sus prácticas.
Incluso, el reporte asegura que el “crimen organizado es especialmente costoso” ya que al tomar como ejemplo México, la presencia de carteles y tráfico de drogas incrementan los costos para poder realizar negocios.
“Crimen organizado es especialmente costos: La presencia de carteles y narcotráfico amplifican los costos de hacer negocios. Un análisis de empresas mexicanas sugiere que los costos de los daños causados por el crimen organizado son cuatro veces mayores para empresas que reportan a grupos operando en sus alrededores” aseguró la institución.
El FMI señala que la desconfianza por la policía en México es algo frecuente en la región de América Latina, ya que según datos recopilados, solamente 33 por ciento de la población latinoamericana confía en la policía y se le considera como la institución pública más vulnerable ante la corrupción.
“La impunidad probablemente facilita las operaciones de los grupos criminales ya que solamente uno de cada cinco casos es presentado ante la justicia” puntualizó.
El informe del Fondo precisa que será necesario un análisis de las finanzas públicas mexicanas para conocer de manera certera el presupuesto destinado a Defensa para realizar funciones de seguridad y el impacto que se ha tenido. Además de recordar que las tareas militares contra el crimen organizado empezaron en 2006 y afirman que tuvieron un incremento en 2019, cuando sus tareas fueron expandidas.
A nivel regional, una encuesta señaló que el crimen es la principal inquietud de las personas, mientras una de cada cinco reportó ser víctima de un crimen y 30 por ciento de las personas encuestadas en América Latina señaló que el crimen e inseguridad son los principales retos que enfrentan sus respectivos países.
El FMI aseguró que en la región, se destina cerca de 1.9 por ciento del PIB en medidas de seguridad, pero “tiende a no reaccionar” en cambios en la delincuencia, lo que podría indicar que incrementar el gasto es una tendencia complicada de revertir, pero ayuda a bajar el crimen y compara que a pesar del presupuesto en el sistema judicial, el sistema legal se mantiene débil en castigar delitos.
El Fondo puntualiza que debido a la complejidad de los delitos violentos, es necesaria la colaboración y cooperación entre gobiernos, instituciones financieras, agencias de la Organización de las Naciones Unidas y la sociedad civil.