Jacob Morales Antonio

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Guerrero alertó al sector privado del estado a revisar periódicamente la lista de las empresas sancionadas por el gobierno y las agencias de los Estados Unidos, para evitar represalias como sanciones penales y civiles, congelamiento de activos, daño reputacional e interrupciones de operaciones comerciales.
La tarde de este miércoles el CCE Guerrero difundió en sus redes sociales, “un informe especial, luego de la clasificación que el gobierno de Estados Unidos hizo de los cárteles de narcotraficantes mexicanos, como organizaciones terroristas”, en enero pasado. Para que las empresas conozcan las implicaciones de estar relacionados comercialmente “aun siendo de buena fe”, con personas, empresas o instituciones financieras señaladas.
En el documento se indicó que con la información dada a conocer por el gobierno estadunidense, Guerrero y Acapulco, ocupan el quinto lugar, en el top 10 de estados y ciudades con mayor influencia del narcotráfico, por la producción de amapola, disputa territorial, centro de operaciones, y rutas del trasiego de drogas.
“De acuerdo con las agencias norteamericanas, estas ciudades concentran actividades clave como producción, almacenamiento, distribución y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, impactando su economía local y regional”.
El CCE Guerrero, señaló tres puntos claves en el informe, que trastocan al sector empresarial, la diversificación criminal; “los cárteles no solo trafican drogas, sino que también incursionan en extorsión, secuestro, robo de combustibles y trata de personas, ampliando su influencia económica”.
El lavado de dinero, porque el narcotráfico genera flujos de capital ilícito que se infiltran en sectores legales como bienes raíces, comercio, turismo y agricultura, y por último el impacto social y económico, “la economía de estas regiones depende en parte de actividades ilícitas, lo que perpetúa la violencia y dificulta el desarrollo económico sostenible”.
Ante este panorama, señaló que las empresas y empresarios mexicanos, incluso actuando de buena fe, se enfrentan a riesgos legales, financieros y reputacionales considerables si mantienen relaciones comerciales con entidades sancionadas por Estados Unidos bajo la Sección 219 de la INA o la IEEPA.
Y llamó a “fortalecer los controles de cumplimiento y la debida diligencia para evitar consecuencias graves, sobre todo porque la misma autoridad norteamericana considera al estado de Guerrero entre las principales entidades federativas con presencia de operaciones de grupos de narcotraficantes”.
El CCE Guerrero pidió a los sectores empresariales a revisar periódicamente la lista de empresas sancionadas por el Gobierno y agencias de los Estados Unidos, porque puede ser un protocolo que permita identificar efectivamente los riesgos implícitos para las unidades de negocio que operan en el estado de Guerrero.
El Consejo, recordó que el gobierno estadunidense a finales de junio, sancionó a los bancos mexicanos Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos.
Como resultado, perdieron acceso a transferencias internacionales y enfrentaron la huida de clientes y la cancelación de servicios por parte de socios globales. Esto afectó a empresas de diversos sectores como logística, inmobiliario, comercialización, turismo que han visto bloqueados sus activos y operaciones internacionales por vínculos, directos o indirectos, con organizaciones sancionadas.
“Actualmente, más de 900 empresas y/o personas mexicanas, entre ellas algunas con sede en el estado de Guerrero, están incluidas en esta lista”, señala.
El pasado 18 de junio el departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cinco integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre los que se encuentran Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, con presencia en Guerrero, y en abril de este mismo año a Johhny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Pez y El Fresa, de la Nueva Familia Michoacana.