El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Víctor Manuel Ortega Coronado, aseguró que debido a la delincuencia en la ciudad, que fue considerada en la lista de las 14 más violentas de América Latina, al menos 286 negocios han cerrado en lo que va del año, aunado a las continuas movilizaciones sociales.
Aseguró que hasta principios de mayo, 56 empresarios y comerciantes fueron secuestrados en Chilpancingo, y “la mayoría” liberados tras el pago de rescates.
Ayer en estas páginas se dio a conocer que de acuerdo con un reporte presentado en el Foro Económico Mundial de Latinoamérica, que tuvo lugar los pasados 16 y 17 de junio en la ciudad colombiana de Medellín, Acapulco y Chilpancingo forman parte de las 14 ciudades más violentas de América Latina.
Consultado sobre el impacto de la violencia en la actividad comercial de Chilpancingo, el líder de la Canaco aseguró que en el mes zse registró el cierre de 86 negocios, “desde zapaterías, tiendas de ropa, de juguetes y regalos, hasta constructoras y comercializadoras”.
Indicó que el registro de negocios cerrados es “alarmante”, ya que el ingreso y el circulante comercial ha disminuido por la inseguridad, aunado a las  movilizaciones sociales que diariamente hay en Chilpancingo.
Sobre la falta del circulante económico, Ortega Coronado detalló que una de las razones de la crisis en el sector económico es que el principal proveedor del comercio es el gobierno del estado, que asigna de manera directa los contratos y obras, “y al no haber una licitación nos dejan automáticamente afuera ya que no somos competencia”.
Abundó que el principal problema sigue siendo la inseguridad, ya que en lo que va del año 43 empresarios junto a sus familias se fueron a otras ciudades, y un promedio de 40 negocios clausuraron sus actividades al mes.
Ortega Coronado aseguró que al menos 286 establecimientos del ramo empresarial y comercial han parado sus actividades en Chilpancingo.
Al preguntarle del giro de estos negocios, aclaró que no sólo fueron “negocios de cortina, sino que hay otras con actividades empresariales y hubo muchas que no necesariamente expendían productos sino también servicios, como en el caso de las constructoras. Si uno observa el padrón de contratistas la mayoría está en la quiebra”.
El dirigente  insistió en que la cifra “quizá parezca exagerada”, pero puso como ejemplo que el gobierno estatal cuenta con un padrón de contratistas dedicados a diferentes giros, “de los constructores o de los que se dedican a la comercialización, y basta hacer un recuento de quienes han tenido actividad este año para darse cuenta que hasta me estoy quedando un poquito corto con la cifra”.
En lo referente a la Canaco, Ortega Coronado explicó que durante su reciente administración disminuyó el número  de afiliados, ya que contaban con 320 y ahora son 150.
Agregó que dicho problema se debe a que la mayoría de comerciantes decide emigrar hacia Michoacán, Puebla y Oaxaca para garantizar su seguridad y reorganizar su empresa o su negocio.
En el caso del número de secuestros, externó que hasta principios de mayo se contabilizaron 56 casos, “donde incluso comparamos información con Sedena y ellos tenían cinco casos más registrados, reitero, todo esto a principios de mayo.
Enfatizó que en la mayoría de casos se liberó a las víctimas mediante el pago de su rescate, y que en algunas ocasiones intervinieron el ex dirigente de la Canaco, Pioquinto Damián Huato, y el fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, como intermediarios “y por esta razón nace la idea de la creación de la Fiscalía especializada en delitos contra el sector empresarial y comercial”.
Ortega Coronado indicó que las cifras de secuestros y de los establecimientos cerrados fueron expuestas al gobernador Héctor Astudillo Flores tras una reunión con el Grupo de Coordinación Guerrero, hace tres meses, para buscar alternativas que mejoren la crisis económica que atraviesa la capital del estado.