Yee Trujillo

Representantes de migrantes en Estados Unidos, el diputado federal Aniceto Polanco Morales y la secretaria estatal de los Migrantes y Asuntos Internacionales, Silvia Rivera Carbajal, rechazaron el impuesto del 3.5 por ciento aprobado por el gobierno estadunidense al envío de remesas porque afectaría la economía de ambos países. Los dirigentes consideraron que no habría una disminución del dinero que llega a Guerrero porque no se puede dejar de apoyar a las familias que dependen de éste, pero los connacionales tendrían que buscar otras formas de hacerlo.
“El impacto en sí no sería tanto el envío o el impuesto en su totalidad sino parece ser las limitantes que pondrán porque muchos de los que enviamos dinero no contamos con la documentación legal y no tenemos un número de seguridad social válido, y tal parece que eso va a ser incluido”, advirtió vía telefónica el dirigente de la asociación Unidos por Tlapehuala, en Texas, Carmelo Sánchez Nájera.
Dijo que esto se prestaría a buscar otras maneras de enviar efectivo con quienes viajan a México y que el impuesto lo absorberían los migrantes que no tienen otra opción porque necesitan seguir mandando apoyo para sus paisanos y familiares. “Las necesidades son grandes, la economía no está como para decir: ellos van a tener una autosuficiencia para poder alimentarse o poder llevar los quehaceres de todos los días”, señaló.
Llamó a las autoridades mexicanas a no solo ir a cabildear porque “ya se sabe que no van a lograr nada”, a tener una posición más firme y enérgica, y no solamente aceptar “lo que el gobierno les ordena hacer desde aquí”. Pidió a los migrantes que tienen derecho de voto exigir a sus representantes que se opongan porque en cualquier actividad que hagan diariamente ya pagan muchos impuestos y este sería doble porque el dinero “ya se ganó limpiamente”.
Expuso que la presidenta Claudia Sheinbaum apela a la soberanía, pero es algo “muy complicado”; dijo que en Estados Unidos se hacen llamados a las movilizaciones, pero son un arma de doble filo porque quienes gozan de la residencia legal no acudirán en masa y es una oportunidad para las autoridades para arrestar y deportar a otros.
El presidente ejecutivo de la Coalición Derechos plenos para los inmigrantes, con base en Los Ángeles y presencia en otros estados, Juan José Gutiérrez, opinó que la imposición golpearía fuertemente a las economías de ambos países, que no cree que los mexicanos dejen de enviar remesas o disminuirlas para sus seres queridos en Guerrero, “uno de los estados más dependientes”; que el 80 por ciento de los ingresos se queda en Estados Unidos y en consecuencia cualquier gravamen hará que tengan menos dinero para gastar y a mediano o largo plazo podría causar una disminución al envío.
Subrayó que la medida tiene que comprenderse también como parte de la campaña que “comienza a intensificarse para arrestar y deportar indocumentados”, lo que afectará también gravemente la economía de sus familias.
Destacó las reuniones de autoridades mexicanas la semana pasada en distintos puntos de Estados Unidos y una manifestación realizada en el centro de Los Ángeles para pedir en cartas y llamadas que los asambleístas votaran en rechazo a la primera propuesta del 5 por ciento, y que hoy a las 11 de la mañana habrá una conferencia de prensa frente al edificio federal de la ciudad para llamar a los latinoamericanos a contactar a los senadores californianos Adam Schiff y Alex Padilla para que convenzan a tres republicanos “moderados” para lograr una mayoría y no voten hasta que se remueva el gravamen.
Por su parte, Polanco Morales, quien también es miembro de la Coalición, consideró que no disminuirán las remesas y señaló que se percibe como una medida discriminatoria, clasista, que atenta contra los derechos humanos, dirigida a quienes no tienen documentos y tendrían que buscar otras formas de envío.
Mencionó que no debe haber gravamen a las remesas porque se pagan impuestos al recibir el dinero trabajado y sería una doble tributación. También llamó a enviar cartas y llamar por teléfono a los senadores para que quiten la medida del paquete presupuestal, porque, aunque el gobierno de México envió una comisión, y disminuyó del 5 al 3.5 por ciento “no estamos satisfechos”.
“El 3.5 por ciento de 65 mil millones de dólares que enviamos al año a nuestro país solamente los mexicanos es mucho dinero, entonces yo creo que tenemos que luchar para que nuestros derechos sean respetados porque, aunque no tengamos documentos en este país, tenemos derechos”, expresó el guerrerense.
Rivera Carbajal expuso que, aunque el porcentaje propuesto por el presidente Donald Trump se redujo, complica mucho la economía de quienes reciben las remesas y de los migrantes, que la tendencia es que posiblemente sí se apruebe, pero espera que la Cámara Alta tome consciencia de la afectación que habría también para Estados Unidos, y que el gobierno de México trata de lograrlo mediante las comisiones enviadas.
La funcionaria estatal afirmó que “la esperanza que tenemos” es que no se apruebe, que trabaja para apoyar lo más que pueda, y que mañana participará en una reunión con Financiera para el Bienestar para empezar a difundir el reparto de tarjetas para que las remesas se envíen mediante esta institución “que tiene el interés más bajo de todas las empresas privadas que ellos utilizan”, como alternativa para que su economía “cuando menos no se vea tan afectada”.