Mariana Labastida

Integrantes de la Barra de Acapulco Colegio de Abogados advirtieron que de no reabrir las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Justicia Administrativa el 1 de marzo harán movilizaciones, debido a que llevan 11 meses más de 20 mil demandas laborales detenidas.
El presidente de la Barra, Adrián Cruz Vargas, pidió al gobierno del estado ser sensible con los trabajadores y con los abogados porque a 11 meses del inicio de la pandemia no han podido trabajar y no hay justicia para los que han sido despedidos.
Por su parte, el abogado Carmelo Loeza Hernández indicó que las autoridades no están revisando la disminución de salario a trabajadores, porque les afectará al momento de pensionarse, por ejemplo a los operadores de la Estrella Blanca que les disminuyeron de 780 a 250 pesos diarios su salario.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la Barra de Abogados, los juristas expusieron que entienden que se deben tener medidas restrictivas por la pandemia de Covid-19, por lo que han sido sensibles, sin embargo, recalcaron que es una situación que va a prevalecer, por eso exigieron a las autoridades estatales que informen qué medidas aplicarán para que se pueda volver a trabajar para continuar con los procesos laborales rezagados.
Adrián Cruz pidió al gobierno del estado que voltee a ver a los abogados de casos laborales, administrativos, civiles y familiares, que desde el año pasado no están trabajando debido al cierre de las juntas locales y tribunales, “mermando la economía de los litigantes”.
Indicó que en lo que va de la pandemia nueve integrantes de la barra murieron por coronavirus. Estimó que por lo menos unas 40 juntas y tribunales en el estado se han cerrado porque se han infectado trabajadores, por eso han sido empáticos cuando se cierran. “Lo que no está bien es que no se muestren las estrategias que están haciendo para activarlos”.
El abogado Ricardo Magos expuso que en la última reunión con las autoridades estatales les dijeron que las juntas y tribunales se abrirán el próximo 1 de marzo, lo cual dijo espero que les cumplan y no se vuelva a retrasar nuevamente como ocurrió en una ocasión anterior, de ser así harán movilizaciones y protestas. Recordó que en meses anteriores un grupo de abogados bloquearon la avenida Costera por la misma razón.
“El gobierno del estado es insensible porque han aperturado bares, las playas y no las juntas, seguimos sin la administración de justicia, desde marzo del año pasado hubo muchos empleados despedidos por la pandemia y el que menos percibe es el más lastimado”, dijo. Agregó que hicieron propuestas para abrir las juntas y tribunales, si el gobierno del estado no quiere considerarlas que vea cómo están trabajando en otros estados.
Reprochó que si los presidentes de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje no quieren trabajar que pidan licencia, “se fueron con la cómoda, no podemos abrir porque nos podemos enfermar”, mientras siguen ganando su salario mensual que es arriba, dijo, de los 30 mil pesos.
Expuso que se tiene un rezago de unos 20 mil expedientes entre los que están en los despachos de trabajadores despedidos que se han podido entregar y los que están en proceso que se encuentran rezagados porque no se ha podido dar seguimiento a los mismos.
Recordó que en octubre tiene que entrar la reforma laboral en Guerrero, lo que implica el cambio de las juntas por Centros de Justicia Laboral, sin embargo, con el rezago aseguró que se extenderá el proceso unos 10 años.
“El gobierno en este momento no ve el problema que tiene, está viendo la elección y lo que va a invertir en la aplicación de justicia lo va a invertir en las campañas, y van a heredar el problema a la siguiente administración”, expuso.
Para los tres juzgados programados en Guerrero, dijo el presidente de la Barra no se tiene presupuesto para que puedan funcionar.
Por su parte, Carmelo Loeza aseguró que se han agotado todas las instancias, por eso es que están dispuestos nuevamente a manifestarse si no se habilitan más áreas en las juntas y tribunales que permitan que sigan los procesos. “Estamos en estado de indefensión, exhortamos que nos atienda”.
El ex funcionario municipal Isaías Arellano indicó que es “insostenible continuar de esta manera” para ellos, por eso la petición de que se activen las juntas y tribunales con las medidas sanitarias para que se puedan seguir los procesos.