Este viernes se cumplieron 13 días del cierre de la tienda Aurrera de Ciudad Altamirano, sin un diálogo entre la empresa y los trabajadores que se mantienen en su lucha por un justo reparto de las utilidades. Tres días después de la toma de la tienda, los directivos mandaron un mensaje con los gerentes … Continúa leyendo Sin diálogo con directivos, empleados de Aurrera de Altamirano cumplen 13 días en paro
Israel Flores
Junio 02, 2017
Este viernes se cumplieron 13 días del cierre de la tienda Aurrera de Ciudad Altamirano, sin un diálogo entre la empresa y los trabajadores que se mantienen en su lucha por un justo reparto de las utilidades.
Tres días después de la toma de la tienda, los directivos mandaron un mensaje con los gerentes locales para indicarles que las negociaciones para resolver el conflicto tendrían que darse en Iguala, Chilpancingo o Acapulco. Pero los empleados tomaron la postura de que cualquier negociación tendría que ser en Ciudad Altamirano, como ocurrió en todas las tiendas del estado en las que los empleados pararon labores.
Ese punto ha terminado por extender hasta 13 días el cierre de la tienda, pues los directivos tienen miedo de venir a la Tierra Caliente y por eso no se ha dado ninguna negociación.
Durante los 13 días que han transcurrido desde el cierre de la tienda, varios vecinos han respaldado a los trabajadores, incluyendo a ex empleados y algunos comerciantes que venden alrededor de la tienda, quienes han llevado comida y agua a los que hacen guardias en las puertas de la tienda de autoservició.
El cierre de la tienda se produjo cuando los trabajadores consideraron injusto el reparto de las utilidades, ya que hubo pagos hasta de menos de 100 pesos para algunos de ellos, lo que no creen que corresponda a la realidad de las ganancias de la tienda.
Los paristas piden también, que no haya represalias contra los trabajadores y que se respete la jornada laboral de ocho horas, así como que no les apliquen descuentos.
A los trabajadores se acercaron regidores priistas de Pungarabato, y el delegado de Gobierno, René Rabiela Tapia, quienes propusieron ponerles asesores jurídicos e ir a la Comisión estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) a presentar denuncias, pero sin acercarlos con directivos de la empresa.