El presidente de la Asociación de Propietarios del Fraccio-namiento Bahías de Papanoa, Jorge Armando Cerda Wggnes, denunció que la delegada de la Procuraduría Federal de Protec-ción al Ambiente (Profepa), Maricela Ruiz Massieu, “sugiere, a través de sus inspectores”, que los proyectos clausurados por la dependencia contraten despachos “de su confianza” para que continúen “sin ningún problema”.
Como lo informó El Sur, la Profepa difundió información acerca de dos clausuras realizadas en Tecpan de Galeana que realizó el 2 de junio pasado. La información fue difundida el domingo y el lunes pasado en su portal, pues hace más de un año que no envía los boletines.
En una llamada a la redacción, Armando Cerda declaró que los pequeños inversionistas sufren “los frenos a la inversión que el gobierno federal, sin sensibilidad social ni política está haciendo”.
Denunció que “la sugerencia” de las inspectoras que visitaron las obras hace 12 días y que después clausuraron los trabajos, “es un negocio”.
“Lo que hacen son recomendaciones. Eso es lo que me dijo mi amigo el inversionista y es el mismo inspector el que sugiere a X, a Fulano o Mengano, y es en este caso el inspector o la inspectora quien dice que son personas cercanas y de la confianza de la dirección”, señaló.
Lamentó que la dependencia ignore la dificultad por la que atraviesan poblaciones alejadas de las grandes manchas urbanas, y cuyas inversiones para el desarrollo turístico llegan a cuentagotas.
Afirmó que las inversiones en pequeños municipios en la mayoría de las ocasiones son de índole familiar, pero la Profepa no evalúa la precariedad con que éstas se realizan.
Armando Cerda señaló que a pesar de que buscaron platicar con Ruiz Massieu no lograron hacerlo. “No hay comunicación, es una institución que no tiene un diálogo ciudadano porque no hay sensibilidad, es una inconciencia del efecto que causa en el caso del inversionista que viene de Hidalgo, que dejó a 10 personas sin trabajo y le pegaron con un millón de pesos en pérdidas”.
Advirtió que los inversionistas pagarán los 30 mil pesos de derecho por la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y buscarán quién lo integre sin que esté vinculado con la Profepa.
“Ojalá hubiera un catálogo de despachos encargados de hacer una MIA, así habría libertad de elegirlos. Profepa es la peor institución que hay del gobierno federal. Traté de hablar y no permiten siquiera entregar un oficio, lo reciben después de media hora y por cualquier argumento lo rechazan”, se quejó.
Armando Cerda añadió: “La clausura que hicieron al hotel Bogavante también provocó pérdidas, pero no hay manera de dialogar con la Profepa. De entrada los inversionistas tendrán que pagar 30 mil pesos por el derecho a presentar la Manifestación de Impacto y no hay que ponerse a discutir con la delegada, porque entonces tendríamos sanciones superiores a los 2 millones de pesos”.
Exhortó a las autoridades a que permitan a los pequeños inversionistas continuar con los trabajos y no detener las obras para no afectar al menos a una decena de familias.
Lo que nos queda, continuó, es seguir con los estudios, pagar las multas, pero ese negocito que han encontrado con los recomendados, son de 60, 40 mil pesos por el mentado estudio de impacto, y no hay consideración entre el gobernado y la institución, porque parece que es una agresión contra quienes vienen invertir a Guerrero.
“Sí hay que cumplir con la ley, pero debe tener como efecto justicia, un efecto constructivo, no aplicarla para destruir. La ley no es cuadrada como la mira la señora, la ley tiene sus posibilidades de aplicación y flexibilidad, siempre y cuando pudiera uno hablar”, insistió Armando Cerda.
“El mismo día que fueron los inspectores corregimos todo, nosotros somos los principales interesados el respetar el ambiente pero si no hay comunicación no hay manera de resolver los problemas y sufrimos esta actitud que no corresponde a un servidor público”, destacó.
Detalló que Bahías de Papanoa está conformada por las playas Piedra de Tlalcoyunque, el Puerto Vicente Guerrero, Ojo de Agua y Cayaquito.
“Las multas y los estudios que a veces requieren las dependencias, se han incrementado con una voracidad inaudita, producto de una mala planeación que desde los escritorios hacen los encargados de imponer sanciones indiscriminadamente, sin importar zonas económicas, pues no es lo mismo multar a una empresa millonaria que está trabajando en Punta Diamante, que multar a un esforzado inversionista que construye un pequeño hotel en la Playa Cayaquito o una alberquita en el hotel Bogavante, en la Playa Ojo de Agua”, señaló respecto a las clausuras que la Profepa hizo en la región Costa Grande.