Miembros de diversos organismos defensores de los derechos humanos dieron a conocer este viernes un informe que detalla las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo miles de damnificados por el sismo del pasado 7 de septiembre; el más grave: la violación del derecho a la vivienda.
Después de realizar una Misión de Observación por diversas comunidades afectadas por el sismo en Tonalá y Pijijiapan, pusieron a ambas comunidades como un ejemplo de lo que viven miles de damnificados en Chiapas a más de dos meses del terremoto que devastó a comunidades enteras y afectó a muchas en 97 municipios del estado.
“Nuestra visita a las comunidades nos permitió constatar una grave desinformación sobre los criterios y procedimientos en el otorgamiento de apoyos para el proceso de reconstrucción. Dichas falencias son imputables al Estado, sin duda, pues es su responsabilidad garantizar el derecho a la información para la toma de decisiones, así como la transparencia en el uso de los recursos públicos”, dijo Quetzalcóatl G. Fontanoti, de la Red Todos los Derechos para Todos.
Señaló que de manera preliminar pudieron observar ciertas inequidades y elementos discriminatorios en el otorgamiento de apoyos, lo cual genera un proceso de revictimización en las personas y comunidades.
Observaron también una grave descoordinación del gobierno federal con las instancias municipales y con la sociedad, al grado de que no se ha compartido información básica para garantizar los derechos de las personas afectadas por los sismos del 7 de septiembre y sus réplicas.
Denunció que más de 400 mil niños se han visto afectados de forma parcial o total y les está siendo violentado su derecho a la educación.
El gobierno en sus tres niveles no ha entendido que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser los primeros en recibir atención tras la tragedia vivida en Chiapas con el sismo, concluyó.