Antonio Baranda y Rolando Herrera / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) acordó impulsar ajustes al modelo nacional de control de confianza, a fin de contar con personal de seguridad y justicia más confiable y dar mejores resultados en la materia.
A propuesta del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revisará el esquema actual junto con un grupo de trabajo y presentará una propuesta de actualización al CNSP.
“Después de nueve años se torna indispensable la revisión y en su caso actualización del referido modelo, para que responda a las necesidades de las instituciones de seguridad pública. Y, especialmente, a la finalidad para la cual fue creado: tener una herramienta eficaz y eficiente que permita a la sociedad contar con peritos, policías, ministerios públicos y personal del sistema penitenciario que sean confiables”, indicó Moreira durante la 42 sesión del organismo.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en 2009, establece la obligación de aplicar controles de confianza en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia de las instituciones de seguridad, procuración de justicia y penitenciarias.
Esta certificación consta de cinco evaluaciones (toxicológica, poligráfica, psicológica, médica y socioeconómica) y tiene por objeto identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales.
Desde 2013 se aplica una certificación considerada diferenciada o focalizada, que está orientada a identificar riesgos en función de la categoría jerárquica, acceso a información privilegiada o confidencial, y grado de responsabilidad de los servidores públicos.
Como parte de los ajustes al modelo, Moreira propuso establecer requisitos congruentes con la función y ámbito de actuación; definir procesos obligatorios de preselección y brindar solidez técnico-jurídica a los resultados de las evaluaciones ante el eventual litigio de éstos.
Otras propuestas para la actualización son modificar la batería de pruebas psicológicas y reconsiderar la aplicación del esquema diferenciado, con excepción del personal de mando.