Víctor Fuentes / Agencia Reforma

Ciudad de México

Jorge Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad del Partido Verde que busca eliminar la reforma al financiamiento de partidos políticos aprobada en Jalisco, conocida como Ley #SinVotoNoHayDinero.
El ministro emplazó el lunes pasado al Congreso y Ejecutivo de Jalisco para que, en seis días naturales, rindan su informe para defender las reformas a la Constitución y el Código Electoral de Jalisco, publicadas el pasado 2 de junio.
La acción del PVEM impugna la reforma al artículo 13 de la Constitución local, que establece que el financiamiento a los partidos políticos nacionales en años no electorales, se fijará multiplicando el número de electores registrados por el 20 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización.
El artículo 41 de la Constitución federal prevé que el financiamiento que reparte el Instituto Nacional Electoral se calcula multiplicando a los electores registrados en el padrón por el 65 por ciento del valor de la UMA, por lo que la reforma de Jalisco reduce notablemente el monto de dinero estatal que será asignado a los partidos.
También señala que, en años electorales, el financiamiento se calculará tomando en cuenta el total de votos válidos obtenidos en la elección previa de diputados –no del padrón de electores–, por 65 por ciento de la UMA, cuando el esquema federal contempla simplemente agregar un monto igual al 50 por ciento del financiamiento ordinario.
Pedro Kumamoto, diputado local independiente que impulsó la reforma, estimó que se reducirá entre 48 y 69 por ciento el monto asignado a los partidos.
Para invalidar la reforma será necesario el voto de al menos ocho de los once ministros de la Corte.
En tanto el diputado independiente, Pedro Kumamoto, llamó a sus homólogos de MC, PRI y PAN a defender la reforma electoral que establece recortar financiamiento público a partidos.
Con la ley #SinVotoNoHayDinero los partidos recibirían entre 48 y 69 por ciento menos recursos, dependiendo si es o no año electoral.
“La entrada, a la Suprema Corte, de la acción de inconstitucionalidad del Verde no significa absolutamente nada, más que cumplieron los requisitos de forma; eso no significa que la Corte les esté dando la razón”, expuso Kumamoto.
El diputado independiente señaló que en la acción de inconstitucionalidad el Partido Verde argumentó que se violentó el párrafo uno del Artículo 52 de la Ley General de Partidos, el cual refiere que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá obtener 3 por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral anterior en la entidad.
Sin embargo, afirmó, el PVEM omitió el párrafo dos de ese artículo, donde se expresa que las reglas para determinar el financiamiento local a partidos que alcancen el 3 por ciento, se establecerán en las legislaciones locales.