Claudia Salazar /
Agencia Reforma

Ciudad de México

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una nueva legislación en Protección Civil, donde Morena le carga a los estados y municipios la responsabilidad de contar con los recursos suficientes para hacer frente a los desastres naturales.
Se concreta la desaparición de fondos federales para atender los desastres naturales, considerados en la ley vigente.
La Federación no tendrá la obligación, sólo la facultad de “promover” la aplicación de instrumentos financieros para atender las emergencias, conforme a disponibilidades del Presupuesto de Egresos y normas de la Secretaría Hacienda.
Con 242 votos a favor y 204 en contra se aprobó en lo general la nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres. En la discusión en lo particular se presentaron 120 reservas y se apuntaron 40 oradores.
La propuesta es una iniciativa del Ejecutivo federal, presentada el 3 de octubre de 2023, 22 días antes de que el huracán Otis tocara tierra en Guerrero. Pese a esa experiencia, que devastó Acapulco y evidenció la inacción de autoridades, en la nueva ley no se agregaron medidas para fortalecer acciones de protección civil.
Por el contrario, se modificó la redacción original del Presidente, que planteaba que el objetivo de la ley era “la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno”, en materia de protección civil.
En lugar de ello, en el artículo primero señala que la Federación, las entidades, los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, “coordinarán sus acciones” en materia de protección civil y la gestión del riesgo de desastres.
En la ley desaparece la disposición de que el Gobierno tenga un fondo especial para atender los desastres naturales y se agrega que las entidades son las que deben considerar el recurso.
“El presupuesto de egresos de las entidades federativas deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales.
“El monto que cada entidad federativa debe destinar para ese objeto corresponderá, como mínimo, al 10% del promedio obtenido de la aportación que la entidad federativa haya realizado en los últimos cinco ejercicios fiscales actualizado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para la reconstrucción de su infraestructura dañada”, señala el artículo 18 de la nueva ley.
En el artículo 19 precisa que es “obligación y responsabilidad” de los gobiernos de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales, conforme a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre.
Ello, para la cobertura de daños ocasionados por un desastre originado por amenazas naturales.
Aprobado en lo general y lo particular, el dictamen fue canalizado al Senado.

Desaparece la “declaración
de desastre natural”

Con la nueva ley, el Gobierno federal asume sólo la “responsabilidad” de firmar convenios con entidades y municipios para atender los desastres. El instrumento de “declaración de desastre natural”, para que los gobiernos locales puedan acceder a los recursos federales, desaparece.
En su lugar se emitirán “Acuerdos” por los que se establecerán “Situación de Emergencia”, “Término de Situación de Emergencia” y “Situación de Desastre”, generadas por una o varias amenazas naturales.
El Gobierno federal “promoverá” que las entidades federativas prevean recursos en sus presupuestos de egresos estatales necesarios para la prevención y atención de emergencias y desastres.
Y podrá “suscribir” convenios de colaboración administrativa con las entidades federativas en materia de gestión de riesgo de desastres.
Incluso, en lugar de garantizar recursos, la Federación ayudará en “asesorar” a las entidades federativas o dependencias en la aplicación de los instrumentos presupuestarios de gestión de riesgos.
El diputado de Morena José Ángel Sibaja reconoció que la ley busca eliminar la dependencia de las entidades a la Federación para atender desastres naturales.
“La ley vigente provocó la formación de grandes vicios, que a través de este dictamen se busca erradicar por completo. El mayor de los vicios de la ley vigente es la dependencia que generó entre las entidades federativas de los recursos provenientes del Ejecutivo federal.
“Esta nueva ley establece que serán las entidades quienes prevean los recursos para atender una situación de emergencia, tal como lo señala la Ley General de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que les precisa a disponer de un fondo de recursos para atender, de manera inmediata, a la población que hubiera resultado afectada y a reconstruir su infraestructura”.
Resaltó que las entidades estarán obligadas a aplicar recursos cuando ocurra una emergencia o un desastre. “Y sólo se emitirá un acuerdo cuando dada la magnitud del evento el Ejecutivo federal considere que, en efecto, amerita la intervención del Gobierno federal, como ocurrió en Acapulco”, detalló.
La oposición señaló que hubo imposición de Morena para aprobar el dictamen en comisiones, violando el debido proceso.
La diputada del PRD Elizabeth Pérez recordó que gobiernos estatales de Morena, como Tabasco y Guerrero, expresaron su preocupación por la ley, pero fueron ignorados en el dictamen.
“No se establece un porcentaje de gasto programable para atender la prevención y atención de desastres por parte de la Federación. En Acapulco, la Federación dejó solo al Estado de Guerrero y sola a la ciudadanía y Acapulco todavía no se puede poner de pie”, dijo.
Reclamó que Morena quiere que otros tomen su responsabilidad para afrentar desastres, pero pasan por alto que el Ejecutivo elude las propias, pasando la estafeta a las entidades federativas.
La panista Ana María Balderas agregó que no hay transparencia en la ley de qué va a pasar con el Fonden, si seguirá vigente, cuántos recursos tiene y cómo se han utilizado. “Esta ley es un monumento a la opacidad y a la corrupción. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta legislación, los ciudadanos o aquellos que se benefician de contratos y negocios bajo la mesa?”, cuestionó.