La Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró hoy que no se ha presentado aún ningún recurso legal contra la polémica Ley de Seguridad Interior, que regula la actuación de los militares en tareas de seguridad pública, 12 días después de ser promulgada.

“Quiero mencionar que, a pesar de que se ha señalado en los medios que se presentarán unas acciones de inconstitucionalidad en contra de la recién expedida Ley de Seguridad Interior, (éstas) no han sido presentadas hasta este momento”, expresó el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, durante la apertura del primer periodo de sesiones del pleno.

Después de ser aprobada en el Congreso, la Ley fue promulgada el pasado 21 de diciembre por el presidente Enrique Peña Nieto, que precisó que no la usaría hasta que la Corte, que no tiene plazo para tratarla, decidiera sobre su constitucionalidad.

“La Suprema Corte será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva, pero ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de la seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”, manifestó Peña en su momento.

El Ejército también dijo que acatará la decisión de la Corte. “Estaremos atentos a las determinaciones que haga y, como siempre ha sido, respetaremos lo que finalmente se decida tanto por el (Poder) Legislativo como (el) Judicial”, manifestó durante un acto militar el miércoles pasado.

La Ley ha despertado el rechazo de organizaciones de derechos humanos y fue criticada por las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Los críticos destacan que con esta legislación se perpetúa la militarización del país y que la ley es ambigua en varios aspectos, como las situaciones en que las fuerzas federales pueden aplicar el uso de la fuerza.

El colectivo Seguridad sin Guerra señaló que la ley no respeta ni la Constitución ni los tratados internacionales, vulnera los derechos humanos, y se votó sin que hubiera diálogo abierto con la sociedad civil sobre el tema. Sin embargo, el gobierno mexicano insiste en que es necesaria y que el objetivo es retirar poco a poco a los militares.

Van por 43 firmas

Senadores de oposición alistan una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, por contravenir al menos ocho artículos de la Carta Magna.

Aunque siguen elaborando el documento y tendrá que ser consensado con otras fracciones parlamentarias, el coordinador de los senadores del PRD, Luis Sánchez, adelantó que uno de sus principales argumentos será que atenta contra el artículo primero de la Constitución.

“Son ocho artículos los que violenta esta ley, pero también contraviene otras disposiciones legales, (…) todo este articulado lo daremos a conocer en su momento”, comentó vía telefónica.

“De entrada, esta Ley pone en riesgo los derechos humanos y desde la modificación que hubo al artículo primero constitucional se establece que los derechos humanos son progresivos y no regresivos, entonces ese es un argumento de mucho peso, pero no es el único, por supuesto”.

Sánchez confió en que conseguirán las 43 firmas que requieren para promover el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte.

El legislador recordó que, en la votación del 14 de diciembre, en la que fue aprobada la Ley, hubo 44 senadores que votaron en contra, principalmente del PRD, del bloque PT-Morena y algunos panistas.

“He conocido la voluntad del PT en el Senado de ir con la misma idea (de interponer el recurso) y la voluntad de algunos panistas, de los que votaron en contra”, dijo.

“Si nos sumáramos todos, más algunos independientes, tendríamos algo más de 43 firmas, que es lo que se requiere para la acción de inconstitucionalidad”.

Aparte del Senado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Cámara de Diputados, con un tercio de legisladores, también pueden impugnar la Ley antes del 22 de enero, fecha en la que vence el plazo para presentar los recursos.