Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

A petición de la PGR, la Secretaría de Economía aseguró la documentación oficial de la naviera Barcos Caribe, cuyos socios son presuntos prestanombres de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo.
La medida, de acuerdo con medios locales, pretende evitar que sean modificados los socios accionistas, que se disuelva la sociedad o se modifiquen las condiciones de constitución de la empresa.
La naviera, cuya razón social es Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A de C.V, fue constituida el 22 de junio de 2012 por César Celso González Hermosillo y Melgarejo, quien ha sido abogado de la familia Borge desde la década de los 90.
También participa en su operación María de Lourdes Pinelo Nieto, quien es secretaria de Roberto Borge Martín, padre del ex gobernante.
Reforma publicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) investiga a los dueños de la naviera por participar en una presunta red de lavado de dinero operada por Borge.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) también investiga a la empresa por ocultar la operación de compra-venta de cinco embarcaciones, presuntamente realizada con recursos del Gobierno de Quintana Roo.
El jueves, un juez del Estado de México libró el mandato de captura contra Borge, Pinelo Nieto y González Hermosillo, por el delito de lavado de dinero con base en la carpeta de investigación UEIORPIFAM-QR/0000749/2016, consignada por la SEIDO.
Tras darse a conocer la orden de aprehensión, el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, celebró en su cuenta de Twitter el avance en la denuncia y la investigación.

Demandan acciones contra grupo de Borge

La orden de aprehensión girada en contra del ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, abre la puerta a castigar a quienes desviaron recursos del estado por años, dijo el presidente del Congreso en la entidad, Eduardo Martínez Arcila.
“Mientras en Chihuahua se apresuraron a abrir procesos contra el ex gobernador y en Veracruz se investigó hasta detener a Javier Duarte fuera del país, en Quintana Roo no había pasado nada. Ahora esperamos que estás órdenes de aprehensión giradas contra funcionarios de la administración pasada se concreten. Tendrán que pagar por el saqueo contra el estado”, expuso.
Martínez Arcila dijo a Grupo Reforma que desde el año pasado se citó a comparecer a ex funcionarios de Borge por las irregularidades detectadas y desde esa fecha, diciembre de 2016, quedaron evidenciadas las acciones y omisiones en que incurrieron en hecho como la venta de la reserva territorial del Estado a precio irrisorios.
El legislador del PAN advirtió que, aunque la orden de aprehensión se da a conocer a horas de un importante proceso electoral, no se debe pretender lucrar políticamente con la aplicación de la Ley.
“Desde hace mucho tiempo se sabe de las tropelías de este grupo político. Ha sido muy lento el avance federal en estas investigaciones. En Quintana Roo esperamos que verdaderamente se cristalice la aplicación de la justicia y que, como fichas de dominó, vayan cayendo todos los que han saqueado a nuestro estado”, exigió el diputado.