Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Hasta el momento, diez de Congresos locales han aprobado el dictamen por el que se extinguen siete organismos autónomos, por lo que restan siete entidades para la ratificación de la reforma.
Luego que el pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma que desaparece al INAI, el Congreso de Tabasco fue el primero en promover el dictamen.
Posteriormente, la reforma fue avalada por las mayorías de los congresos de Zacatecas, Sonora, Nayarit, Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México, a escasas horas de que les fue turnada.
Los congresos de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas aprobaron el dictamen este viernes.
Junto con el INAI, la reforma desaparece a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Además de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
Las competencias de dichas organizaciones serán absorbidas por organismos federales, bajo los preceptos de que, entre otros beneficios, se podrán redirigir los recursos hacia otras áreas.
“Se organiza la estructura orgánica, se elimina la duplicidad de funciones, se agilizan procesos administrativos y en consecuencia se logra el uso eficiente de recursos que serán canalizados para el Fondo de Pensiones para el Bienestar”, indicó el Congreso de Tabasco en un comunicado.

Recursos para el Fondo de
Pensiones para el Bienestar

Con la extinción de los órganos autónomos, el Gobierno federal dispondrá de 2 mil 453 millones de pesos contenidos en fondos y fideicomisos que deberán ser destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
De los siete órganos que desaparecerán, cinco de ellos cuentan con instrumentos financieros creados en distintos momentos y cuya fuente de ingreso fueron recursos presupuestales, remanentes y los intereses generados.
El artículo tercer transitorio de la reforma establece que las economías y ahorros que se generen con la extinción se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado el pasado 2 de mayo por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador para completar las pensiones de los trabajadores que se jubilen bajo el sistema de Afores.
El monto de recursos más cuantioso está en el Fondo de Infraestructura y Equipamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que al 30 de septiembre reportó un saldo de 2 mil 453.1 millones de pesos.

Piden garantizar protección
de datos personales

Blanca Lilia Ibarra, expresidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), ofreció colaborar en el traspaso de facultades de ese órgano autónomo a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En un mensaje difundido en sus redes sociales, expresó su deseo que la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro resulte fortalecida con la incorporación de la responsabilidad de velar por el derecho de acceso a la información.
Por su parte, el actual presidente del INAI, Adrián Alcalá, expresó su deseo de que en las leyes secundarias que el Congreso deberá emitir en los próximo tres meses queden garantizados plenamente el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales.
“Es fundamental que en el nuevo modelo de garantía que se adopte en la legislación secundaria, los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales sean salvaguardados para el bienestar de las y los mexicanos y del Gobierno de México”, apuntó.

El IFT y la Cofece plantean
que las leyes secundarias
ofrezcan imparcialidad técnica

Luego de que el Senado avalara su desaparición, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) demandaron que en las leyes secundarias que deberán aprobarse para suplir sus funciones se garantice certidumbre.
El IFT reiteró su desacuerdo con la reforma e insistió en que el mejor diseño institucional para la regulación del sector, es un órgano regulador con autonomía constitucional y no una desagregación de facultades en distintas instancias gubernamentales.
“Se requiere un órgano regulador sectorial, que garantice decisiones técnicas e imparciales, lo cual es particularmente relevante en el contexto actual, en el que existen concesionarios con participación pública que operan redes de telecomunicaciones y prestan estos servicios en el país, sin comprometer el cumplimiento de acuerdos internacionales”, sostuvo en un comunicado.
En tanto, la Cofece señaló que el nuevo organismo de competencia que resulte de la reforma de simplificación orgánica debe contar con independencia técnica y operativa, además de patrimonio propio.