Nadia Rosales y Martha Martínez / Agencia Reforma

Ciudad de México

Con 452 votos a favor, la Cámara de Diputados avaló en lo general la expedición de una nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción que contempla un modelo nacional de simplificación y digitalización de trámites y servicios, la creación de una autoridad nacional y el diseño de herramientas para desarrollar estas actividades.
La iniciativa faculta al Congreso para que legisle en materia de simplificación administrativa, digitalización de trámites y servicios, desarrollo y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas públicas, y no sólo en materia regulatoria, como establecía la redacción original.
Ante ello, obliga a las autoridades de todos los niveles de Gobierno a implementar políticas públicas para disminuir los trámites y requisitos, lo que de acuerdo con las consideraciones es un primer paso hacia la consolidación de un e-gobierno.
Aunque todos los grupos parlamentarios acompañaron la propuesta del Ejecutivo, la oposición señaló la necesidad de asignar presupuesto a las entidades y municipios para la reconversión, garantizar a las zonas rurales el acceso a las tecnologías y protección de datos personales, mientras que Morena resaltó que permitirá disminuir costos y atajar la corrupción.

Avanza el dictamen de reforma que plantea la creación de un padrón de usuarios móviles

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma que plantea la creación de un registro de usuarios de líneas telefónicas móviles y permite a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) solicitar a cualquier institución de seguridad, del Estado o privada, información contenida en cualquier registro, incluidos biométricos, para la investigación de delitos.
El dictamen avalado con 25 votos a favor de Morena, aliados y Movimiento Ciudadano (MC), tres en contra del PRI y cuatro abstenciones del PAN y del morenista Manuel Espino, expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, ambas reglamentarias de la reforma al artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública.
El proyecto fue aprobado en medio de críticas de la oposición y de legisladores de Morena, quienes advirtieron riesgos ante la prisa con la que fue procesado el dictamen que hoy será discutido en el pleno.
Damián Retes, del PAN, dijo que les preocupa sobremanera que los cambios legales puedan violar el derecho a la privacidad y el uso indebido de datos por parte de la autoridad, ya que la iniciativa insiste en la creación de un registro de telefonía móvil similar al que la Corte declaró inconstitucional, y que incluso Arturo Zaldívar y las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cercanas a Morena, votaron en contra, por considerarlo violatorio de los derechos humanos.
El priista Emilio Lara dijo que su bancada no acompaña el dictamen que fue entregado unas horas antes de la reunión en comisiones y porque parte de una premisa falsa, al señalar que el Ejecutivo federal presentó ante el Senado la Estrategia Nacional de Seguridad, aunque no existe constancia alguna de ella.
Juan Zavala, de MC, subrayó la necesidad de construir y apostar sin regateos por instituciones fuertes, capaces y profesionales que no sólo reacciones con fuerza de combate frente al crimen organizado, sino que lo sometan por medio de inteligencia, tecnología e investigación criminal.
El morenista Manuel Espino, quien votó en abstención, reconoció las buenas intenciones de la reforma, pero advirtió que ésta se encuentra incompleta, mientras que el trabajo de la Comisión de Seguridad fue precipitado y deficiente.

Diputados oficializan elevar a rango constitucional el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro

La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que eleva a rango constitucional el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que ahora pasa al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La adición al segundo párrafo del artículo 123 constitucional alcanzó en ocho días, desde su aprobación en el Senado el pasado 11 de marzo, la mayoría en los congresos locales.
Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México acompañaron los cambios.

La Cámara de Diputados avala la licencia a Carlos Ulloa; buscaría dirigir el IMSS Bienestar

La Cámara de Diputados avaló la solicitud de licencia indefinida al diputado morenista, Carlos Ulloa, quien hasta ahora presidía la Comisión de Hacienda.
De acuerdo con fuentes legislativas, el legislador sería nombrado director del IMSS Bienestar, que actualmente dirige Alejandro Svarch Pérez.
En el pleno de San Lázaro no se dieron detalles sobre las actividades que desarrollará el ahora diputado con licencia, y el Presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, le deseo éxito.
Diputados del PAN proponen castigar hasta con 140 años de prisión el reclutamiento ilícito

El PAN en la Cámara de Diputados presentó un paquete de iniciativas para castigar hasta con 140 años de prisión a integrantes del crimen organizado que cometan el delito de reclutamiento ilícito, así como a los funcionarios y políticos que se coludan para solapar y promover este ilícito.
En conferencia, el diputado Héctor Saúl Téllez indicó que su bancada propondrá la tipificación del delito de reclutamiento ilícito, con penas que vayan de los 80 a los 140 años de prisión, toda vez que este delito es la principal fuente de engrosamiento del crimen organizado.
Actualmente, agregó, se estima que entre 190 mil y hasta 220 mil personas están relacionadas con la delincuencia organizada, lo que equivale a la nómina de todos los Oxxo del País o de Petróleos Mexicanos (Pemex) y se prevé que entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y jóvenes son reclutados cada año.