Bernardo Uribe / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Congreso de la Ciudad de México avaló el nombramiento de Bertha Alcalde como Fiscal General de Justicia.
Morena consiguió de manera sobrada la mayoría calificada que requería, con 51 votos a favor y 15 en contra.
La también ex titular del ISSSTE ingresó minutos después de la votación al Salón del Pleno para rendir protesta.
Alcalde, hermana de la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, iniciará su gestión de cuatro años el próximo 10 de enero, con la posibilidad de ser ratificada por otro periodo similar.
El cargo de Fiscal había quedado vacante desde enero de 2023, cuando la entonces titular de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy, hoy consejera jurídica de la Presidencia, no obtuvo los votos necesarios para su ratificación.
Durante la discusión del dictamen, el coordinador de la bancada panista, Andrés Atayde, aseguró que el reto principal para la Fiscal será el comprobar que se puede alcanzar la autonomía.
“En una democracia sana, una Fiscalía autónoma, sin sesgos y sin preferencias de ningún tipo es un pilar del concepto de aplicación el estado derecho ya que asegura que las leyes apliquen de manera uniforme, sin discriminación, sin privilegios”, dijo.
Alcalde, quien entrará en funciones el 10 de enero por un periodo de cuatro años, aseguró que la atención a la extorsión y al delito de feminicidio será prioritaria durante su gestión.
“Este ha sido un proceso muy transparente y completo con distintas etapas; ahí están disponibles las cédulas de evaluación, las entrevistas, los videos, ahí están las propuestas y estamos determinadas a trabajar para poder fortalecer el acceso a la justicia en condiciones de igualdad durante los próximos cuatro años que vienen”, apuntó.
Alcalde afirmó que en los últimos años la dependencia ha tenido mejoras.
“Lo importante es que no empezamos desde cero; han habido avances muy importantes en los últimos años, la idea es ver de qué manera podemos profundizarlo, brindar mayor acceso a la justicia, mejorar la atención a las víctimas, mejorar los tiempos de atención, y disminuir la incertidumbre”, comentó.