Un grupo de sacerdotes entró a este municipio para bendecir la bodega donde justo ayer hace siete años quedaron tendidos los cuerpos de los 72 migrantes masacrados, crimen que –dijeron—debe ser considerado delito de lesa humanidad. Un vistoso dispositivo de policías con armas largas llegó a escoltar la sorpresiva caravana dejando claro que el municipio aún sigue tomado por el crimen organizado.
Cuando llegaron a la derruida bodega del rancho El Huizachal donde se cometió el crimen, los sacerdotes se tendieron al suelo ahora cubierto de hierba y besaron el suelo donde el 23 de agosto de 2010 “derramaron la sangre” los 72 migrantes “martirizados”; bendijeron con agua la tierra y paredes de block de concreto de ese lugar al que consideraron santuario; leyeron el Evangelio del grano de trigo que muere; entonaron cantos y dejaron una veladora encendida sobre un auto desvalijado para honrar a los hombres y las mujeres asesinados en ese lugar a manos de miembros de Los Zetas y coludidos con funcionarios públicos.
“La tierra que era maldita ahora es bendita con la sangre que derramaron”, dijo en la ceremonia conmemorativa de las víctimas el jesuita Pedro Pantoja, director de la Casa de Migrantes de Saltillo, Coahuila.
Poco antes del ingreso de la sorpresiva caravana de curas que encabezan distintos albergues para migrantes, una persona fue secuestrada en pleno centro de San Fernando, y a 20 kilómetros de la ciudad, un grupo de hombres armados atacó al agrupamiento Fuerza Tamaulipas e hirió a un policía que tuvo que ser trasladado a Matamoros, por lo que los visitantes encontraron al municipio patrullado por marinos, policías federales y estatales.
La misión compuesta por sacerdotes dedicados a auxiliar migrantes –junto con Pantoja estaba Fray Tomás González, del albergue La 72 de Tenosique, Tabasco; Carmen Flores Torres, vicario de la zona de Reynosa; el ecuatoriano Hernán Astudillo de una parroquia que atiende latinos en Toronto; el sacerdote Luis Eduardo Zavala junto con integrantes de Casa Monarca de Santa Catarina, Nuevo León, y algunos periodistas–, tomó por sorpresa a las autoridades municipales.
Después de la ceremonia, que no llegó a ser misa por el apuro de los religiosos y demás miembros de la caravana de salir pronto del municipio, el jesuita Pantoja expresó que las organizaciones que velan por los migrantes y las familias de las víctimas se sienten frustradas por la falta de respuesta de las autoridades mexicanas.
“Hoy pedimos saber, primero, quiénes fueron los autores criminales; segundo, sentar responsabilidad de autoridades también  (en la masacre) no sólo los de abajo, sino también fuerzas del estado, así sea el ejército, la policía federal, Gobernación o quien sea; tercero, que se haga justicia y se informe a las familias de las víctimas hasta donde va avanzando el caso y, por último, la indemnización de las familias según la ley de víctimas y la CEAV (la comisión ejecutiva de atención a víctimas)”, dijo. (Agencia Proceso /?San Fernando).