Staff /?Agencia Reforma y Redacción de El Sur

Ciudad de México

En un intento por enfrentar la crisis de desapariciones en México, el Gobierno federal lanzó un nuevo protocolo de búsqueda que incorpora dos métodos inéditos: el uso de “informantes sentenciados” y el rastreo especializado en cuerpos de agua.
La actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda en este 2026 ahora permite que reclusos con sentencia firme entreguen información sobre el paradero de víctimas a cambio de “incentivos legales”. Anteriormente, esta posibilidad se limitaba sólo a reclusos con un proceso abierto.
El nuevo lineamiento establece cinco tipos de búsqueda: inmediata, individualizada, por patrones, generalizada y de familia. Además, elimina el concepto de “persona no localizada” para obligar a la activación de una búsqueda inmediata ante cualquier reporte.
Por su naturaleza, el uso de informantes se restringirá a la búsqueda individualizada. Esta podrá activarse de inmediato cuando el análisis de contexto indique la comisión de un delito o cuando el caso involucre a niños, niñas, adolescentes, mujeres, periodistas o defensores de derechos humanos.
Bajo este esquema, las autoridades ministeriales están obligadas a buscar vías legales que incentiven a los reclusos a colaborar.
“Cuando cualquier autoridad ministerial ejerza acción penal por cualquier delito en contra de una o más personas que puedan tener información relevante para localizar a personas desaparecidas, debe informar a la Fiscalía Especializada y explorar conjuntamente las vías legales disponibles para incentivar la colaboración”, detalla el documento.
Asimismo, las Comisiones de Búsqueda locales podrán detectar a posibles informantes durante sus labores diarias -ya sean procesados o sentenciados- y deberán notificar a las Fiscalías para iniciar los esquemas de colaboración.
Sin embargo, el buscador Fernando Vargas advirtió que la legislación actual no permite este tipo de acuerdos en casos relacionados con secuestro o trata.
“En vez de 50 años de prisión, a lo mejor te doy 10, pero me das información. Nosotros no queremos formalidades; queremos el derecho a la verdad, a la vida y a la búsqueda de nuestros desaparecidos”, sostuvo.
Para medir el éxito de esta apertura, el protocolo obliga a generar informes de resultados que serán enviados a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para evaluar su efectividad.

Búsqueda en agua

Aunque el rastreo de desaparecidos en cuerpos de agua inició hace una década -cuando canales del Estado de México, como el de La Compañía, comenzaron a ser usados para depositar restos humanos-, la tendencia en el Valle de México repuntó desde 2022.
El Protocolo abarca océanos, zonas marinas, costas, arroyos, ríos, lagos, lagunas, presas, canales y pozos, ya sea en la superficie, bajo el agua o en áreas adyacentes.
En las jornadas donde inter-venga la Secretaría de Marina, las autoridades deberán apegarse al sistema de búsqueda y rescate de la Armada. Los equipos de trabajo deberán contar, como mínimo, con vehículos marítimos para búsqueda subacuática, drones con cámaras térmicas y buscadores certificados.
Finalmente, el mecanismo obli-ga a las Comisiones a registrar cada operativo, detallando recursos des-plegados y hallazgos, además de implementar formación especializa-da para capacitar al personal en estas nuevas tareas de rastreo.

Arremete la CNDH contra Comité de la ONU

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó el dictamen del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED por sus siglas en ingles), que busca llevar la crisis de México ante la Asamblea General.
“Hay que mencionar que el CED tomó esta decisión, basado, sobre todo, en peticiones de algunas ONG caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos en nuestro país, así como por un largo listado de colectivos de personas que legítimamente sufren por la desaparición de sus familiares”, señaló.
“Para considerar legítima su participación en el país, debían haberse agotado primero las instancias nacionales”, puntualizó la Comisión, al cuestionar la jurisdicción directa del organismo internacional.
“La desaparición forzada ha dejado de ser política de Estado, como sí lo fue entre 1951 y 1990 y luego, de manera subrepticia y selectiva en complicidad con grupos delincuenciales, en los años de la llamada Guerra contra el narcotráfico”, indicó.

Debe mantenerse “una posición abierta al escrutinio”, dice la CDH de la Ciudad de México

En tanto, la CDHCM, presidida por María Dolores González Saravia Calderón, señaló que “en el contexto de desapariciones que atraviesa el país, se requiere mantener una disposición abierta al escrutinio y a la cooperación técnica, tanto de instancias nacionales como de los mecanismos del sistema internacio-nal de derechos humanos”.
La CDHCM subrayó que la desaparición de personas constituye una violación grave a los derechos humanos, con impactos a nivel individual, familiar y social, y destacó que se trata de uno de los desafíos más urgentes del país.
Por eso resltó que la iniciativa de llevar el problema a la asamblea general de la ONU debe verse como una oportunidad para las víctimas y para el país.
Y?afirmó que en la Ciudad de México se han anunciado acciones de coordinación entre la Comisión de Búsqueda de Personas y la fiscalía local, a través del gabinete de búsqueda, para mejorar los procesos de localización e identificación.

Alarman a activistas hallazgos en Canal de Ecatepec

Madres buscadoras y autoridades coincidieron en que las víctimas que han localizado en el Canal de Cartagena, en Ecatepec, presentan similitudes en la forma en que son cortados los cuerpos.
La Colectiva Ehécatl, la cual se dedica a buscar personas desaparecidas, encontró los restos de 17 personas en las aguas negras, entre 2024 y marzo del presente año.
Carmen Zamora, fundadora de la organización, explicó que las víctimas se caracterizan porque fueron desmembradas con cortes similares, pero también han hallado cuerpos enteros, incluido el de una bebé a la que nombraron Luz.
“Lo más grave es que todos los restos que hemos encontrado, todos están desmembrados y mutilados de una manera perfecta, alguien que sabe cómo cortar los cuerpos sin equivocarse.
“Es grave, porque definitivamente este Canal, que nosotros lo nombramos “el Canal de la Muerte” y fosas clandestinas en aguas residuales, nadie le da importancia”, comentó Zamora a Reforma.
Una de las personas encontradas sin vida en el Canal de Cartagena es Ballolet, una niña de 13 años que junto a su madre, Bereni-ce Simentan Vicencio, desapare-cieron en la zona en marzo de 2025.
A la fecha, Simentan, quien tenía 32 años la última vez que fue vista, sigue sin ser localizada.