Las bancadas del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados pugnarán por realizar ajustes al Presupuesto de Egresos aprobado para el 2018, con la finalidad de recortar gastos en materia de publicidad gubernamental y evitar el uso electoral del dinero público.
Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD en San Lázaro, advirtió que también pelearán por el Fondo de Capitalidad, que fue reducido a casi más de la mitad pese a los estragos que dejaron los sismos en la Ciudad de México.
“Hay donde meter tijera y uno de esos rubros está justamente en los gastos excesivos en publicidad gubernamental”, dijo.
“Estos temas tienen que ser abordados junto a mecanismos de vigilancia para evitar que todos estos recursos puedan ser aprovechados con motivos electorales del 2018 y en beneficio particular del partido gobernante”.
El legislador sostuvo que la discusión sobre el gasto que se ejercerá el próximo año aún no está cerrada, ya que la Cámara deberá vigilar la correcta asignación de los rubros que se modificaron al proyecto original del gobierno.
“Muchos creen que prácticamente ya se cerró el telón del trabajo legislativo de este año, pero están muy equivocados”, expresó.
Zambrano alertó sobre los excesivos gastos en publicidad gubernamental y el riesgo de que el Ejecutivo vuelva a ejercer más recursos que los aprobados en San Lázaro.
“Aunque queda casi igual en números de lo que aprueba la Cámara, en los hechos estamos terminando con más del 100 por ciento de lo que se aprobó al Gobierno de la República”, dijo.
“Esto no puede ni debe seguir. Se trata de cantidades insultantes que rayan en la inmoralidad política, y debemos avanzar en establecer mecanismos que permitan hacer una asignación real de montos para atender la emergencia, particularmente en la Ciudad de México, que no está calificada para acceder en casi un 98 por ciento a los recursos del Fonden”.
En entrevista, el diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez recordó que, durante la discusión del PEF, el PRI y sus aliados se negaron a discutir una reserva del Frente para adicionar un transitorio que pretendía eliminar los más de 3 mil 187 millones de pesos contemplados para servicios de comunicación social.
“El monto se deberá reasignar al Fondo de Reconstrucción de entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y fenómenos naturales que den lugar a declaratorias de emergencia correspondientes conforme a la Ley de Protección Civil”, señalaba la propuesta del Frente que fue desechada.
Otros legisladores, como el panista Miguel Ángel Salim, tampoco lograron que se procesara su propuesta para establecer, por lo menos, un tope del 10 por ciento adicional al gasto aprobado por la Cámara baja para los conceptos de servicios de comunicación social, publicidad e información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades.

Reprueba Conapred grito de legisladoras

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) conminó a diputadas federales para que, en el ejercicio de sus funciones eviten expresiones como la de “eeeeh puto” que lanzaron el viernes pasado a un legislador de Morena.
“El grito de “eeeeh, puto” es expresión de desprecio, de rechazo y no es descripción ni expresión neutra; es una calificación negativa que estigmatiza pues homologa la condición homosexual con cobardía”, señaló el Consejo ayer en un comunicado de prensa.
El viernes, durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2018 en el pleno, el legislador Ariel Juárez (Morena) llamó corrupto a César Camacho Quiroz, coordinador de la banca del PRI.
En respuesta, diputadas priistas, entre ellas Rocío Montoya Díaz, Arlete Mólgora Glover, Himelda Félix Niebla y Jasmine Bugarín Rodríguez, usaron el grito colectivo surgido en los estadios.
“Ese grito refleja la homofobia, el machismo y la misoginia que privan aún en nuestra sociedad. Por eso resulta doblemente gravoso que  se traslade del estadio al Congreso de la Unión”, señaló el Conapred.
“Resulta aún más preocupante cuando quienes los utilizan son personas servidoras públicas, y aún es más grave cuando lo hacen las y los legisladores federales”.