Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

El descubrimiento de restos óseos, cientos de zapatos y decenas de pertenencias de posibles personas no localizadas en el “campo de exterminio” ubicado en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, representa para las autoridades federales la oportunidad de reconocer “la crisis” de desaparecidos, pues de otra manera, este hecho se volverá a replicar en el resto del país, advierte el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre.
La difusión de imágenes de los hallazgos en el lugar –al que muchos han llamado “campo de concentración” o “campo de exterminio”– ha causado indignación y sacudido a diversos sectores del país, pues “conecta con la memoria de las atrocidades que más han lastimado a la conciencia de la humanidad”, añadió el abogado.
El Centro Prodh, que acompaña a familiares de desaparecidos y que respalda la vigilia de protesta convocada por organizaciones civiles, a realizarse este sábado en al menos 18 ciudades de 15 estados, destaca cuatro puntos en torno al caso Teuchitlán.
El primero, dice Aguirre, es que el descubrimiento, hecho por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, confirma la relevancia y la legitimidad de la labor que realizan los familiares en búsqueda de las personas desaparecidas y, singularmente, los colectivos de las madres.
“Este lugar había sido procesado por las autoridades (de Jalisco), pero no es sino hasta que lleguen los colectivos cuando se puede realmente, de una manera exhaustiva, revisar qué es lo que hay ahí. Los colectivos se enfrentan a la hostilidad de las autoridades. El propio Jalisco es ejemplo de ello: el anterior gobernador (Enrique Alfaro Ramírez) había antagonizado con las madres buscadoras en varias ocasiones”, recuerda Aguirre en entrevista con El Sur.
Lo segundo, continúa, es que este no es un hallazgo que hable de una realidad circunscrita a Jalisco. “Lamentablemente, en los últimos 12 años se han encontrado múltiples sitios con características similares en Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato.
Guerrero mismo no es la excepción. Se han encontrado lugares con una alta concentración de fosas. El de Teuchitlán es un hallazgo de una realidad de alcance nacional”, lamenta.

Ojalá veamos una
sacudida duradera

El tercer punto, indica Aguirre, es que no se debe de olvidar “el abandono” en que se encuentran las políticas de búsqueda y de identificación humana a nivel nacional, “sin soslayar la negligencia de las autoridades locales en el procesamiento de la escena.
“Penosamente, lo que ha prevalecido en los últimos años ha sido la pretensión de controlar, de manipular las cifras, para incidir en la percepción pública del problema y no tanto generar verdaderas políticas públicas que intenten resolverlo. Eso ha ocurrido en los estados, pero también a nivel federal”.
Es penoso, agrega, que después “de un buen inicio en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, con un buen subsecretario de Derechos Humanos (Alejandro Encinas), con una buena Comisión Nacional de Búsqueda, el impulso inicial durara sólo cuatro años. Lo que tuvimos desde el final de sexenio y que continúa hoy en el presente a nivel federal, es una aproximación muy limitada que pretende minimizar este problema, trasladarlo a los estados y no darle un abordaje más integral”.
En cuarto lugar, dice, pareciera que este último evento ha venido a remover “la conciencia adormecida de la sociedad mexicana. Estamos viendo que, en varias ciudades, distintos colectivos están llamando a jornadas de memoria, de movilización, que empiezan a tener eco en más sectores de la sociedad, que penosamente han vivido con mucha indiferencia esta tragedia humanitaria”.
“Ojalá que, dentro de la tragedia –resalta–, estemos ante una sacudida duradera. En México nos hemos ido acostumbrando a formalizar la violencia y eso ha implicado que no haya hoy un contexto de exigencia fuerte para que las autoridades cambien.
“En muy buena medida, porque los sectores que antes le exigían al gobierno una política decidida frente a las desapariciones, hoy son muy complacientes con el partido en el poder. Que generemos entre todos una mayor exigencia, porque de otra manera el problema no va a cambiar”.
–¿Qué opinas de la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum y del fiscal general Alejandro Gertz?
–Lleva razón la presidenta cuando dice: “Hay que mirar a las responsabilidades locales”. El sitio lo conoció la fiscalía de Jalisco y no lo procesó bien. El gobernador anterior tenía una posición de animadversión frente a los colectivos. Pero no podemos quedar en el juego de dejar de ver las responsabilidades federales. Desde luego que las hay.
La posición del fiscal general de la República, enfatiza Aguirre, “ha sido francamente lamentable: que diga que se va a revisar si hay federalidad para atraer los delitos es un insulto. Cualquiera con dos dedos de frente puede entender que allí atrás hay delincuencia organizada y que, por tanto, hay delitos federales que perseguir de oficio. Y es muy llamativa la absoluta ausencia de la Comisión Nacional de Búsqueda, una instancia que antes era relevante, que tenía que llevar la vanguardia en estos temas y que hoy está absolutamente desdibujada”.
Por primera vez, enfatiza Aguirre, en el nuevo sexenio las y los desaparecidos están llegando a los primeros lugares de preocupación del gobierno federal y de la agenda pública. “Lamentablemente, el nuevo gobierno no les había asignado un lugar prioritario. Apostaron a la continuidad de la deriva muy mediocre que caracterizó el final del sexenio de López Obrador en los temas de derechos humanos y de desaparición. La realidad les está estallando en la cara”, señala.
Es de esperarse que, a partir de esto, remarca, “en Presidencia vean que es insuficiente lo que se está haciendo en el tema desde la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República. Ojalá reconozcan que el tema amerita una priorización diferente, que lo que les entregó el presidente López Obrador en este tema deja mucho que desear y que empecemos a ver otro nivel de atención”.

Urgente, lidiar con el rezago forense

Se pregunta al director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, si es momento de un cambio drástico en la estrategia de seguridad.
“Es un problema complejo. Al menos dos cosas deben revisarse –responde–. Una es la política de seguridad y justicia. Después de muchos años de mano dura improductiva, la política del presidente López Obrador fue retraer la violencia del Estado. Y aunque eso implicó que disminuyeran algunos índices de abusos de las autoridades, generó un gran vacío que no fue llenado con justicia. Él se limitó a desplegar al Ejército, cuando lo que en realidad se necesitaba era limitar el uso de la fuerza bruta para, en su lugar, colocar la justicia, la inteligencia y el desmantelamiento de las redes criminales.
“La presidenta Sheinbaum ha tomado algunas medidas en este sentido, muy orillada por la presión estadunidense y ojalá que pronto veamos resultados concretos”.
El segundo tema tiene que ver con los desaparecidos. “Eventos como este hallazgo nos muestran que en México lo difícil no es encontrar huesos y restos, sino identificarlos”, puntualiza.
“Necesitaríamos una política ambiciosa, integral, para lidiar con el rezago forense que hoy por hoy no puede limitarse al tema de huellas dactilares o de alguna técnica tradicional. Hay que regresar a lo que se había intentado en algún momento: tener un gran centro nacional de identificación humana que se aboque exclusivamente al procesamiento de huesos y restos. Hay que rehacer el Banco Nacional de Datos Forenses, que hoy está abandonado. En primerísimo término, lo fundamental sería reconocer la crisis.
“Y lamentablemente hoy tenemos autoridades que, para proteger el proyecto político de la 4T, no reconocen ya que hay una crisis humanitaria de desapariciones en México, y mientras eso subsista va a ser muy difícil que se adopten medidas.
“Hay que señalar que esta es una de las principales crisis y dolencias del país y mientras eso no se entienda, vamos a continuar con situaciones como la que ahora conversamos, porque hoy es Jalisco, pero mañana va a ser Tamaulipas, pasado mañana Morelos, después Chiapas…”.

La protesta genera
presión, exigencias

–¿Cuál es la importancia de la vigilia nacional de este sábado?
–Un primer nivel de importancia de estas movilizaciones es ético, porque nos muestran que la sociedad está viva, que no está dormida, que no nos acostumbramos a la violencia y en ello ya hay valor. Pero existe un segundo sustrato también, que es propiamente político: que las expresiones de protesta, de calle, de memoria, generan un contexto de exigencias. Nos quedan estas expresiones de protesta para presionar a las autoridades a que tomen cartas en el asunto. Por eso debemos secundarlas, hay que acompañarlas, subrayar su legitimidad y relevancia”, finaliza.