Érika Hernández / Agencia Reforma

Ciudad de México

Tras el escándalo por una sanción a una funcionaria por criticar a una diputada de Morena en una conversación vía WhatsApp, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación delineó los criterios que deben seguir las autoridades electorales para admitir esos mensajes como prueba.
La tesis establece que podrán ser admitidas conversaciones privadas, como mensajes por WhatsApp, correos electrónicos, chats, audios, texto, entre otros, cuando hayan sido adquiridas en licitud.
“Que la obtención de la comunicación haya respetado los derechos fundamentales, particularmente el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
“Una comunicación obtenida mediante intervención ilegal, hackeo, espionaje o acceso no autorizado puede considerarse ilícita y, por tanto, inadmisible”, aprobaron los magistrados por unanimidad.
Por la relevancia, los magistrados emitieron una tesis obligatoria para tribunales electorales e incluso para las quejas que reciben los institutos electorales.
En la tesis se afirma que las conversaciones privadas deberán tener fuerza probatoria.
“Aun cuando la comunicación haya sido obtenida lícitamente, debe acreditarse su autenticidad, integridad y confiabilidad. Una prueba puede ser lícita, pero ineficaz porque no genera convicción sobre los hechos”, indica el documento avalado.

Avala que el INE investigue a Eduardo Verástegui por el destino de recursos otorgados en 2024

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la petición del actor Eduardo Verástegui de frenar la investigación del INE sobre el origen y destino de los recursos que utilizó en el 2024 para convertirse en candidato independiente a la Presidencia de la República.
Además, el INE le abrió un procedimiento oficioso por recibir aportaciones “dudosas” desde el extranjero, las cuales se presumía que ascendían a 390 mil dólares, unos 6.9 millones de pesos, de una agrupación en el exterior.
En la investigación del INE se determinó que ese dinero provenía de una consultora política con sede en Miami, Estados Unidos, de nombre Partner 305 LLC, la cual estaba dirigida por el costarricense Daniel Quirós, quien se especializa en promoción y organización de procesos democráticos, como el plebiscito en Chile y una campaña en Argentina.
La Unidad Técnica de Fiscalización informó que el actor recibió de Partner 75 mil dólares, e inmediatamente canalizó a la organización que impulsó su aspiración 50 mil dólares. Esa misma dinámica hizo con otros 340 mil dólares a su asociación.
Incluso, el INE dio vista al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).