Agencia Proceso

Ciudad de México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, luego de acreditar la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria de cuatro jóvenes y una menor de edad en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, el 11 de enero de 2016.
En dicha recomendación solicitó se proporcione a los familiares de las víctimas la reparación integral del daño, que incluya una compensación y/o indemnización justa por la gravedad de los hechos.
En un comunicado, la CNDH consideró que por su naturaleza y gravedad, ese asunto trascendió el interés del estado de Veracruz e incidió en la opinión pública nacional, por lo que lo atrajo para conocer del caso y radicar el expediente de queja CNDH/1/2016/204/Q/, con el fin de investigar las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de las víctimas.
El organismo destacó que los hechos fueron difundidos mediante diversas notas periodísticas los días 14 y 15 de enero del año pasado, y en ellas se dio a conocer que cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, involucrados en la desaparición forzada de las víctimas, fueron detenidos por la Fiscalía General del estado (FGE).
De acuerdo con las evidencias contenidas en el expediente de queja, el 11 de enero de 2016 las víctimas viajaban en un vehículo particular del Puerto de Veracruz hacia Playa Vicente, en esa misma entidad federativa, y al llegar al municipio de la Cuenca del Papaloapan fueron detenidas por agentes de la SSP, aproximadamente a las 12 horas.
En la misma fecha, a las 20:15 policías de esa corporación localizaron el vehículo en el que se trasportaban las víctimas, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.
Dos días después, el 13 de enero, la CNDH recibió la queja en la que se denunció que entre las 12:30 y las 13 horas del 11 de ese mismo mes y año, el hijo de la persona denunciante se transportaba en un vehículo particular, en compañía de cuatro personas más, y que al llegar a una gasolinera ubicada en la carretera federal 140, en las inmediaciones de un negocio comercial denominado “Súper Che”, en Tierra Blanca, fueron detenidos por agentes de la SSP, desconociendo hasta esa fecha el paradero de los agraviados.
Adicionalmente, la CNDH sostuvo que ha observado con preocupación, desde hace varios años, “la problemática existente en el estado de Veracruz sobre desaparición de personas, motivada entre otras causas por la falta de implementación de políticas públicas para prevenir y combatir este ilícito, además de la conjunción de impunidad, violencia, inseguridad y colusión de agentes policiales con el crimen organizado”.
Por todo lo anterior, la CNDH solicitó al gobernador de Veracruz que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se proporcione a los familiares de las víctimas la reparación integral del daño, que incluya una compensación y/o indemnización justa por la gravedad de los hechos.
De igual manera, que se les proporcione atención médica, psicológica y tanatológica, con trato digno, sensible y con calidez, y que el titular de la SSP les ofrezca una disculpa pública institucional.
Además, Yunes deberá dar instrucciones para que la Comisión de Honor y Justicia de la SSP determine a la brevedad y conforme a derecho la investigación administrativa contra los policías estatales que participaron en las conductas cometidas contra los agraviados y se deslinden las responsabilidades correspondientes.