Mauro de la Fuente / Agencia Reforma

Brownsville, Texas

La compañía Arroyo Terminals, ubicada en el sur de Texas, en la frontera con Tamaulipas, lavó al menos 47 millones de dólares a empresas ligadas al crimen organizado en México y al contrabando de combustibles robados en el país, revela una acusación del Gobierno de Estados Unidos en la Corte de Distrito de Utah.
Luego de que el FBI encabezó la semana pasada un operativo en instalaciones de la empresa texana, nuevos documentos judiciales dan más detalles del modus operandi de esta compañía propiedad de la familia de James Lael Jensen y su esposa, Kelly Anne Jensen, originarios de Utah.
La indagatoria se enfoca en el tráfico de combustibles robados en México, que la acusación identifica sólo como petróleo.
No obstante, explicaron fuentes, se trata de lo que en el sur de Texas llaman “diesel negro”, que son combustibles que no están completamente procesados como gasolina o diesel, y circulan así por ductos entre las refinerías Pemex para desincentivar la “ordeña”.
Pese a este obstáculo, este hidrocarburo es robado y llevado ilegalmente a Estados Unidos, donde se refina en combustible puro con la complicidad con plantas locales.
“Cualquier empresa”, consta en el expediente judicial, “que suministre petróleo fuera de la regulación del Gobierno mexicano sólo puede obtener crudo a través de organizaciones criminales mexicanas.
“James Jensen sabía que los pagos que se realizaban iban a esas organizaciones criminales”, afirma la acusación.
Este proceso se suma al que el Gobierno estadounidense le abrió a la familia Jensen y Arroyo Terminals en la Corte de Distrito Sur de Texas, que forma parte de una investigación que inició en mayo del 2022.
El expediente texano señala que los Jensen también están involucrados en el denominado “huachicol fiscal”, en la exportación de gasolinas que son internadas en México a través de las aduanas, pero son declaradas como hidrocarburo de baja calidad para no pagar los impuestos correspondientes.
Entre el miércoles y el jueves pasado, el FBI encabezó un operativo en los patios de Arroyo Terminals en Río Hondo, Los Fresnos y Brownsville, donde decomisó unas 20 pipas con combustible listo para enviarse a México y papelería diversa.
Por esta acusación, el gobierno estadunidense congeló cuentas bancarias y bienes por 300 millones de dólares a los Jensen, famosos en Utah por contar con una mansión en la comunidad de Sandy, conurbada a la ciudad de Salt Lake City.
Ante la Corte de Utah, a su vez, se acusa a Jensen, su esposa y a sus hijos Maxwell Max Sterling y Zachary Golden de blanquear el dinero proveniente de la venta de combustible.
Jensen y su esposa, así como sus hijos, fueron detenidos el miércoles en Utah y obtuvieron la libertad bajo fianza el viernes luego de ser trasladados a Brownsville, sede de la Corte de Distrito Sur de Texas.
Para hoy 29 de abril tienen programada una audiencia en la Corte.

Ligan a directivo del Sistema Portuario Nacional a la compañía que traficó a EU millones en diesel

La empresa detrás del megadecomiso de huachicol asegurado en el puerto de Altamira, Tamaulipas, a finales de marzo pasado, está vinculada a Francisco Javier Antonio Martínez, directivo de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Tampico, actualmente bajo regulación y supervisión de la Secretaría de Marina.
Expedientes judiciales y actas mercantiles consultadas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan que el funcionario está asociado a los dueños de Intanza, la compañía responsable de importar desde Estados Unidos los más de 10 millones de litros de diesel que se hicieron pasar por aditivos para aceites y que fueron asegurados en lo que representó el más grande decomiso de huachicol.
Intanza tiene como accionistas a Ricardo Ayón Rodríguez y a Ramiro Rocha Alvarado, quienes a su vez son socios de Francisco Javier Antonio Martínez en Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure, dedicada a fabricar e importar productos electrónicos.
El pasado 31 de marzo, el SAT incluyó a Intanza en el listado de contribuyentes suspendidos del padrón de importadores. Ese mismo día, el titular de la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el decomiso de los 10 millones de litros de diesel en Tamaulipas.
MCCI comprobó que, tras el operativo, Francisco Javier Antonio Martínez no fue cesado.