Insta a las autoridades mexicanas a “actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables del crimen del corresponsal del Diario de Acayucan”

Agencia Proceso

Washington, DC

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez, ocurrido el martes 22 en el estado de Veracruz, e hizo un llamado directo al gobierno de Enrique Peña Nieto para que garantice la integridad y defensa de los periodistas en México.
A través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH instó a las autoridades mexicanas a “actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables del crimen del corresponsal del Diario de Acayucan (y fundador) de La Voz de Hueyapan, tanto materiales como intelectuales, y esclarecer su posible relación con la actividad periodística”.
Ríos fue víctima de un ataque con arma de fuego en la comunidad de Juan Díaz Covarrubias, del municipio Hueyapan de Ocampo, al sur de Veracruz. Según el reporte oficial de los hechos, al menos tres sicarios a bordo de una motocicleta dispararon al reportero y a dos personas que lo acompañaban y que también murieron.
La CIDH, por medio de la Relatoría Especial, exhortó al Estado mexicano “a investigar de manera completa e imparcial la hipótesis según la cual el crimen estaría relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión, y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”.
El ente jurídico del Sistema Interamericano también consideró “fundamental” que se adopten medidas de reparación “justas” para los familiares de las víctimas. Y le recordó al gobierno de Peña Nieto que debe agotar la línea de investigación relativa al ejercicio de la profesión en casos de delitos cometidos contra periodistas.
Igualmente, lo apremió a proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación de este tipo de asuntos.
“Como tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras”.
Como resultado de su trabajo periodístico Ríos había recibido amenazas e intimidaciones, por lo que se encontraba bajo resguardo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México desde julio de 2013.
Por otro lado, desde hace cinco años recibía asistencia jurídica de la Comisión Estatal de Protección de Periodistas de Veracruz, a raíz de que denunció la amenaza de muerte que le hizo el ex presidente municipal de Hueyapan de Ocampo, Gaspar Gómez Jiménez, en 2001.
“Días antes de la muerte de Ríos, Gómez Jiménez publicó en redes sociales un video en el cual profiere distintas amenazas contra el periodista”, recuerda el comunicado de la CIDH.