A través de su Cancillería, el Gobierno de México condenó ayer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de retirar la inmunidad y someter a juicio al Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, incluida la prohibición de salir de su país.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que la medida limita ilegalmente el ejercicio de las funciones de los integrantes de la Asamblea Nacional, electos por el voto popular, y desconoce la necesaria separación de poderes indispensable para una democracia plena y el respeto al Estado de Derecho.
El gobierno mexicano, indicó, considera urgente el restablecimiento del orden democrático, a través de negociaciones creíbles y de buena fe entre los distintos actores venezolanos.
Además, hace un llamado para evitar todo acto que contribuya a la polarización de la sociedad y a la profundización de la actual crisis.
La decisión fue condenada también por el Grupo de Lima,  al que pertenece México junto con los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.
Las naciones plantearon que no reconocerán ninguno de los actos de la asamblea nacional constituyente.
El máximo tribunal venezolano declaró ayer que Guevara, dirigente del partido Voluntad Popular, debe ser juzgado por presuntamente incurrir en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir.
Los delitos por los que se imputa a Guevara habrían ocurrido durante la ola de manifestaciones antigubernamentales suscitadas entre abril y julio de este año las cuales dejaron, por lo menos, 121 muertos.

Agradece España el respaldo

El gobierno de España está agradecido con el de México por desconocer la declaración de independencia de Cataluña, indicó el Embajador Luis Fernández-Cid.
En entrevista por escrito, consideró que esta posición es muestra de que el país, al igual que otras naciones latinoamericanas, privilegia el respeto al Estado de Derecho.
El diplomático español defendió que el Ejecutivo de su país aplicara el artículo 155 de la Constitución, disolviendo el Gobierno y el Parlamento de Cataluña, y confió en que las elecciones del próximo 21 de diciembre signifiquen un retorno a la normalidad.
En toda democracia, basada en el Estado de Derecho, el respeto de la Ley por los ciudadanos y por los poderes públicos es esencial. Si alguno de ellos alterase estos principios, la convivencia pacífica y democrática y el propio desarrollo de la vida política, social y económica se verían gravemente afectados o serían inviables, concluyó.