Activistas mexicanos y europeos se reunieron ayer con tres eurodiputados –el catalán Josep María Terricabras, la alemana Ska Keller y Estefanía Torres Martínez– en Bruselas, Bélgica, para exponerles la situación de crisis de derechos humanos que atraviesa México.
A su vez, éstos condenaron el asesinato de ocho civiles durante el violento desalojo del bloqueo carretero de Nochixtlán, Oaxaca, el pasado domingo, así como la campaña de desprestigio que sufren los movimientos sociales en el país, informó Miguel Martin Zumalacarregui, director de la oficina de la Organización Mundial contra la Tortura en la capital belga.
Quince representantes de organizaciones de la sociedad civil mexicana se encuentran desde ayer en Bruselas para encontrarse con homólogos europeos y establecer una serie de recomendaciones a las autoridades de México y de la Unión Europea (UE), funcionarios que se encuentran en proceso de “actualización” del Acuerdo Económico Global.
Las organizaciones de la sociedad civil buscan, entre otros objetivos, evitar que las negociaciones “fragmenten” los distintos temas de la relación entre México y la UE, y en particular que releguen los derechos humanos en un segundo plano frente al acuerdo comercial.
El acuerdo de libre comercio actualizado entre México y la Unión Europea despierta preocupaciones en la sociedad civil, sobre todo por el amplio poder que otorgaría a las empresas y los inversionistas contra los Estados –México en particular–, y la ausencia de un capítulo que establezca directrices claras en materia de derechos humanos.
Las organizaciones señalaron que a la hora de operar megaproyectos en México, muchas empresas –nacionales y extranjeras— pisotean los derechos humanos y ambientales de las comunidades, por lo que urgieron a México y a la Unión Europea comprometerse a adoptar un tratado de derechos humanos para regular a las corporaciones transnacionales.
Las organizaciones civiles recomendaron a la UE y México apoyar de manera pública las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al gobierno mexicano le urgieron a respetar los “más altos estándares internacionales” en materia de uso de la fuerza pública, así como a “implementar un plan de desmilitarización en operaciones de seguridad pública”.
Las organizaciones también emitieron recomendaciones para garantizar los derechos humanos de los migrantes durante su tránsito por México, sector se volvió más vulnerable a raíz del endurecimiento de las políticas migratorias que implementó la administración actual en el verano de 2014 a través del Programa Frontera Sur.