Tatiana Maillard

El Sur / Ciudad de México

La precandidata de Morena a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este martes con académicos, investigadores y sociedad civil en la primera edición de #DiálogosHorizontal, una iniciativa del Centro Horizontal que busca dar foro a los precandidatos al gobierno capitalinos para tratar temas de interés común.

Representantes de las organizaciones Transparencia Mexicana, Artículo 19, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Data4 expusieron ante Sheinbaum las principales preocupaciones de la ciudadanía respecto a la rendición de cuentas, transparencia gubernamental y nombramientos para el Sistema Anticorrupción local.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana y experto en estrategias anticorrupción, expuso que un gobierno abierto no es únicamente aquel que sube sus datos en plataformas digitales para que sean consultados libremente, sino aquel que permanece abierto al diálogo con la gente. “La capacidad de escuchar es algo que se ha perdido en la política. Necesitamos gobiernos que no sólo escuchen a las clientelas políticas”.

Bohórquez indicó que, durante décadas, cada sexenio se ha caracterizado por la creación de nuevos organismos para combatir la corrupción, sin que ninguno haya contado entre sus atribuciones con la capacidad de castigar a los responsables. Así, contralorías y auditorías no tienen entre sus atribuciones perseguir la corrupción, además de que su enfoque es administrativo, no penal. Por ello, subrayó la importancia de fortalecer las instituciones con la acción de tribunales administrativos y órganos de fiscalización.

Además, dijo, para que las acciones encaminadas a erradicar la corrupción sean funcionales, se requiere de revisiones y reformas constantes de las políticas públicas, que hagan desistir de actos deshonestos. Al revisar periódicamente los sistemas, es posible aprender de los errores y corregirlos, indicó. “La corrupción no es ni moral, ni cultural: se diseña desde un escritorio y trata de legalizarse”.

La regulación de la obra pública

Edna Jaime, directora del centro de análisis de políticas públicas México Evalúa, calificó como una “adicción” el gasto en campañas políticas que realizan los candidatos a funcionarios públicos para promocionar su imagen. Para cubrir los altos costos que las campañas requieren, se recurre a dinero “mal habido”, que viene, principalmente, de la contratación de obra pública.

En 2016 México Evalúa presentó la Métrica en Transparencia de Obra Pública (MeTROP), en la cual analizó la ejecución de obras públicas en la ciudad y concluyó que la discrecionalidad y opacidad en la toma de decisiones en infraestructura pública de la ciudad son una constante y representan un riesgo.

Insistió en la necesidad de formular una Ley General de Obra Pública que sea firme en marcar las obligaciones de los involucrados en las fases de diagnóstico, planeación y realización del proyecto; así como en verificar que no existan cambios en la ejecución que contradigan lo establecido en el contrato original.

“Se inician proyectos sin tener diagnósticos, se otorgan adjudicaciones directas sin que existan razones de peso”, resaltó la analista quien, al final de su intervención se dirigió a la precandidata de Morena: “Creo, Claudia, que la obra pública le dice al ciudadano cuánto lo respeta. Cada socavón, cada calle rota, cada hospital nuevo que está saturado, es el mensaje del Estado que le dice al ciudadano: tus impuestos, tu salud, tu vida no me importan”.

Reducir el uso de efectivo

La reducción del uso de dinero en efectivo en transacciones con los gobiernos podría prevenir su desvío o mal uso, manifestó Alexandra Zapata, directora de Educación e Innovación Crítica del IMCO.

Zapata dijo a Sheinbaum que los pagos en efectivo en las dependencias de gobierno facilitan que no sean reportados y sean utilizados con fines políticos, por lo que sugirió emplear mecanismos tecnológicos y digitales para realizar esos pagos y dejar constancia de ellos.

Destacó también la preocupación de que los nombramientos de los 164 funcionarios de la Fiscalía Local Anticorrupción –aún pendiente– obedezca a premios políticos más que a un perfil meritorio.

En este tema, la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, expuso que en México las cabezas de las instituciones gubernamentales no están convencidas de atacar la corrupción.

Ruelas alertó que los titulares elegidos pueden quitar legitimidad a una institución como el Sistema Anticorrupción local y conminó a la precandidata a tomar en serio las designaciones y dar certeza a los ciudadanos de una verdadera evaluación de los candidatos.

José Merino, fundador de Data Cívica, expresó que, después de 18 años, los ciudadanos han caído en la cuenta de que un gobierno de datos abiertos no necesariamente es transparente, ni rinde cuentas. Al igual que Bohórquez, Merino hizo hincapié en la creación de nuevas instituciones cada sexenio que “multiplican la burocracia, pero no tocan a la corrupción”, por lo que es necesario reconfigurar las instituciones políticas para que existan acciones penales y administrativas eficaces.

Un gobierno corrupto es corrupto como sea

Claudia Sheinbaum retomó algunos de los temas de los que previamente hablaron sus compañeros de mesa, como la propuesta de eliminar el uso de pagos en efectivo en contratos públicos, y que las obras públicas estén justificadas.

Resaltó que, a pesar de que las organizaciones civiles plantean la necesidad de contrapesos políticos, en los hechos “un gobierno corrupto, por más contrapesos que existan, seguirá siendo corrupto”. Por eso, propuso que sea la evaluación de los ciudadanos la que determine si los actos de los funcionarios son honestos y se refirió a Andrés Manuel López Obrador al indicar que, pese a ser criticado, posee una honestidad probada. “Existe una parte ética y moral del funcionario, que no es única, pero sí indispensable”.