Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Tribunal Colegiado de Apelaciones de Panamá declaró legal la aprehensión del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
Previamente, en audiencia, la defensa del ex gobernante había argumentado anomalías en la detención, lo cual causó un debate entre las magistradas Yilis Pitti, Adrián Hernández y Greta Marchosky.
De acuerdo con información del portal La Estrella de Panamá, el abogado Carlos Carrillo señaló que el ex gobernador fue aprehendido en un avión de jurisdicción francesa y, por tanto, violó los convenios internacionales que aprueba el Convenio de Chicago.
“Mi cliente ya había culminado el proceso de boarding pass y estaba dentro del avión”, dijo Carrillo, citó el diario.
Asimismo, manifestó que la orden de detención debió solicitarla la Embajada de México a la procuradora y no al fiscal de Asuntos Internacionales de esta entidad, lo que a su parecer violó el debido proceso.
Ante el tribunal, el ex gobernador manifestó no estar de acuerdo con la extradición simplificada que pidió México.

Detectan a Borge más ventas
ilícitas

Roberto Borge está involucrado en otras 14 operaciones inmobiliarias ilícitas, además de la compra-venta, a precios subvaluados, de 25 terrenos en las reservas naturales de Quintana Roo, que motivaron la orden de aprehensión con la que fue detenido en Panamá.
Según informes de allegados al caso, la Fiscalía de Quintana Roo avisó a la PGR de otras presuntas ventas ilegales de predios del patrimonio del estado a precios que iban de 1 a 6 por ciento de su valor comercial.
A esas 14 operaciones irregulares están vinculados María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernante; Édgar Manuel Méndez Montoya, empresario metalúrgico; Santiago Samuel Jiménez Moreno, director de Corpogas y socio de gasolineras en Cancún, y Jorge Luis Cárdenas Bazán.
También están relacionadas las empresas Inmobiliaria Maltico, Caveri Servicios Inmobiliarios e Inmobiliaria Maguyes.
El pasado 29 de septiembre la Consejería Jurídica de Quintana Roo denunció ante la PGR el caso de los 25 predios que derivarían en la orden de aprehensión contra Borge y cuatro supuestos prestanombres.
Cuando la autoridad estatal ratificó su querella, informó a la PGR que el Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado había detectado estas otras 14 operaciones ilegales.
Los implicados en dichas transacciones no son parte del primer pliego de consignación que dio lugar a la orden de captura contra Borge, la semana pasada. Es decir, por el momento no tienen problemas con la justicia.
En agosto del 2016 el organismo no gubernamental Somos tus Ojos solicitó el juicio político contra el ex mandatario, por la venta a precios subvaluados de por lo menos 44 predios patrimonio del estado, causando un quebranto al erario de mil 99 millones 492 mil 370 pesos.
“El cálculo del quebranto al erario se hizo con base en las subsecuentes ventas de los predios a precios comerciales, así como considerando las hipotecas o garantías prendarias que recayeron sobre los mismos y que fueron otorgados por la banca comercial, luego de su avalúo real”, señaló el organismo.
Más tarde, la administración de Carlos Joaquín retomó las denuncias y señaló que se trata de 95 millones de metros cuadrados del patrimonio de Quintana Roo, equivalentes a la superficie de la zona hotelera de Cancún, multiplicada por seis.
Entre los predios vendidos a familiares y amigos de Borge, se encuentran 60 por ciento de las reservas naturales de Puerto Morelos; 52 por ciento de las de Playa del Carmen y 36 por ciento de las localizadas en Cancún.