La Secretaría de Gobernación (Segob) declaró como zonas de desastre natural a 306 localidades de siete entidades del centro y sur del país que se vieron afectadas con el sismo de magnitud 7.1 registrado el 19 de septiembre.
Al activarse este mecanismo, los municipios y delegaciones enlistadas tendrán acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y su reglamento.
La dependencia calcula que la reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre costará por lo menos 39 mil 150 millones de pesos.
Esa cifra incluye la reconstrucción o reparación de 153 mil 545 viviendas con un gasto estimado de 16 mil 500 millones de pesos; de 12 mil 931 escuelas con 13 mil 650 millones; de mil 225 inmuebles históricos por 8 mil millones; y mil millones para instalaciones del IMSS.
Del total de localidades afectadas por el temblor, 112 son de Puebla, 74 de Oaxaca, 40 de Tlaxcala; 33 en Morelos, 19 de Guerrero, 16 de la Ciudad de México y 12 del Estado de México.
Entre ellas se encuentran Acajete, Puebla, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan, en Puebla; Huajuapan de León, San Andrés Tepetlapa y San Pedro Nopala, en Oaxaca; así como Chiautempan, Cuaxomulco, Tenancingo y Zacatelco, en Tlaxcala.
También destacan Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla y Temixco, en Morelos; Huitzuco, Iguala, Olinalá, Taxco y Tlapa, en Guerrero; las 16 jefaturas delegacionales de la Ciudad de México; Amecameca, Malinalco, Nezahualcóyotl y Tianguistenco, del Edomex.
La declaratoria de desastre natural es el acto solicitado por la entidad y mediante el cual la Segob reconoce la presencia de un agente natural perturbador severo en municipios o delegaciones, cuyos daños rebasan la capacidad financiera y operativa local para su atención.
Se trata de un requisito indispensable para que los estados o dependencias federales puedan acceder al Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), un instrumento financiero que proporciona recursos a las entidades y dependencias federales declaradas zonas de desastre para la reconstrucción de los daños ocasionados por un fenómeno natural perturbador.
Una vez publicada la declaratoria de desastre respectiva, las entidades y dependencias federales podrán tener acceso a apoyos financieros inmediatos para la realización de acciones urgentes y prioritarias, cuya ejecución sea en el corto plazo.
El objetivo es coadyuvar a solventar en una primera instancia los efectos negativos de los daños sufridos por los desastres de origen natural y así facilitar a la población el regreso a la normalidad, así como la recuperación de la zona afectada.
El reglamento señala que ese fondo se otorga “sin perjuicio de las acciones posteriores enfocadas a la reconstrucción de la infraestructura pública afectada y las viviendas de la población de bajos ingresos dañadas”.