Agencia Proceso

Ciudad de México

Las autoridades mexicanas resolvieron apenas 49 casos de los cinco mil 824 delitos perpetrados contra migrantes durante su travesía de México por los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Coahuila entre 2014 y 2016, resultado que eleva la cifra de impunidad a 99%, denunció ayer un colectivo de organizaciones y albergues.
En un informe sobre el tema, las organizaciones documentaron que la cadena de responsabilidades de la impunidad abarca a todas las autoridades: desde el Instituto Nacional de Migración (INM), la Procuraduría General de la República (PGR), las fiscalías especializadas en la atención de delitos contra migrantes que operan en siete estados y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hasta los consulados de los países centroamericanos en México.
El padre Pedro Pantoja, quien dirige el albergue Posada del Migrante en Saltillo, Coahuila, denunció que, si bien la situación de los derechos humanos es desastrosa de manera general en México, resulta todavía “más asquerosa” para los migrantes, quienes están considerados por las autoridades “como mierda y mercancía”.
Aseveró que, a lo largo de la ruta migratoria, sigue operando la Mara Salvatrucha, la pandilla criminal de origen centroamericano, cuyos integrantes son contratados por los grupos criminales mexicanos como “mercenarios” para secuestrar a los migrantes. “No sólo crece el crimen, sino se diversifica”, deploró el sacerdote.
Pantoja recordó el caso de una pareja de migrantes que inició el trámite de solicitud de asilo en México. Contó que recientemente fueron a denunciar un robo en Monterrey, pero ahí la policía municipal los detuvo y los entregó al INM. Uno se encuentra en el centro de detención ubicado en Iztapalapa, en la Ciudad de México, con una orden de deportación.
Desde que el presidente Enrique Peña Nieto implementó su política de detención y deportación sistemática de los migrantes centroamericanos, mediante el Programa Frontera Su -que anunció en verano de 2014-, los migrantes no pueden utilizar el tren de carga conocido como “La Bestia” para atravesar México.
Así, el trayecto de Arriaga, en Chiapas, hasta el albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, en Oaxaca, se alargó de 14 horas a tres semanas. Y si bien los migrantes sufrían asaltos y robos en el tren, la cifra de delitos se disparó en 90% porque son asaltados durante el largo camino que deben recorrer a pie, denunció Jessica Cárdenas Canuto, integrante del albergue.
Las organizaciones denunciaron que las cifras oficiales de los delitos perpetrados contra migrantes no reflejan la realidad “más violenta y siniestra” que viven durante su tránsito por México, pues minimizan la proporción de secuestros y el involucramiento de las autoridades en las agresiones en su contra.
Los migrantes, agregaron, no denuncian la mayoría de los delitos por el temor a ser deportados al acudir ante las autoridades y porque las fiscalías suelen estar alejadas de los lugares donde ocurren los asaltos y ataques.
Añadieron que cuando los migrantes se atreven a denunciar –generalmente con el acompañamiento de personal de los albergues—, las autoridades carecen de voluntad y recursos para investigar sus casos y castigar a los delincuentes.

Gobierno “hipócrita”

El informe planteó que el INM otorga las llamadas “visas humanitarias” –con duración de un año— solamente cuando los migrantes fueron víctimas de delitos graves y detectaron que el proceso de regularización es lento, pues tarda un mes “en el mejor de los casos” y en ocasiones “no hay funcionarios en las fiscalías para recibir las denuncias”.
La estadunidense Maureen Meyer, directora del programa para México de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), sostuvo que el gobierno mexicano se ve “un poco hipócrita” cuando exige el respecto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, mientras aún no ofrece respuestas en el caso de los 72 migrantes centroamericanos asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010.
La activista recordó que, desde la llegada al poder de Donald Trump, en enero pasado, John Kelly –el general retirado y ahora secretario de Seguridad Interior–, se convirtió en el interlocutor de los gobiernos mexicano y centroamericanos en materia migratoria.
Kelly fue jefe del Comando Sur estadunidense y, según Meyer, pretende extender la frontera sur de Estados Unidos “hasta Perú”, para controlar la producción de cocaína. “Ya no tiene el enfoque diplomático, sino al combate contra las drogas”, deploró.
Emelie Viklund, integrante del albergue La 72, ubicada en Tenosique, Tabasco, señaló que su organización acompaña a los cerca de 400 guatemaltecos expulsados de sus tierras de la región de El Petén, quienes instalaron un campo precario en la frontera con México a inicios de junio pasado.
La activista aseveró que el territorio del que fueron desplazados coincide con los planes del Comando Sur de instalar una base en Guatemala para combatir el narcotráfico.