La decisión del presidente estadunidense Donald Trump de eliminar el Programa de Acción Diferida para llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) viola la cláusula de igual protección al discriminar a jóvenes de origen mexicano, que representan 78 por ciento de los beneficiarios de ese programa, consideraron distintas autoridades de Estados Unidos.
Por ello, los procuradores generales de 15 estados más la capital, Washington, DC, presentaron este miércoles una demanda conjunta contra esa medida, ante la corte del distrito este de Nueva York.
De acuerdo con el documento, la eliminación del DACA –creado en 2012 por el presidente Barack Obama– también viola los derechos del debido proceso legal y perjudica a los residentes, las instituciones y las economías de los estados.
La demanda resalta que el final de ese programa “es la culminación de los reiterados comentarios del presidente Trump –que él cree personalmente, emitidos para apaciguar a una parte de sus votantes o por una combinación de ambas– para castigar y desacreditar a las personas con raíces mexicanas”.
De igual manera, asienta que la proporción de mexicanos beneficiarios del DACA es más del doble del porcentaje de personas de origen mexicano que forman parte de la población total de Estados Unidos nacida en el extranjero (29 por ciento).
En ese sentido, destacan, la cancelación del programa parece tener la intención de perjudicar a un grupo específico de personas, lo que es una violación de la Constitución de Estados Unidos.
El DACA favorece a poco menos de 800 mil jóvenes inmigrantes indocumentados menores de 36 años, de los que más de medio millón son de origen mexicano. Sólo en Nueva York hay 42 mil beneficiarios.
El argumento de los procuradores contra la medida anunciada ayer es similar a la demanda que terminó por bloquear el llamado veto a musulmanes que impuso Trump al principio de su gobierno.
La demanda fue presentada por el procurador general de Nueva York, Eric Schneiderman, así como por sus homólogos de Massachusetts, Maura Healey, y de Washington, Bob Ferguson.

140 mdd al año, impuestos
pagados por dreamers sólo en Nueva York

Los estados que respaldan la demanda contra el decreto de Trump son: Washington, Connec-ticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Virginia, además de la ciudad capital: Washington, Distrito Columbia.
Según Schneiderman, la inmigración “es la sangre del estado de Nueva York. La decisión de la administración Trump de poner fin a DACA es cruel, inhumana y devastadora para los 42 mil neoyorquinos que han podido salir de las sombras y vivir una vida plena como resultado del programa”.
El funcionario apuntó que estos jóvenes, conocidos como dreamers, “cumplen las reglas, trabajan duro y pagan impuestos. Estados Unidos es el único hogar que han conocido y merecen quedarse aquí y seguir contribuyendo a nuestro estado y a nuestra nación”.
La demanda también destaca el daño económico infligido a los estados por la terminación del programa. Según el organismo civil Centro por el Progreso Estadunidense, 97 por ciento de los beneficiarios del DACA están empleados o van a la escuela.
Asimismo, tan sólo en Nueva York los jóvenes DACA contribuyen con 140 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales, de acuerdo con el Instituto de Política Tributaria y Económica.
La demanda también fue respaldada por numerosos políticos locales de Nueva York, entre los que resalta el alcalde Bill de Blasio, así como por docenas de grupos civiles y organismos comunitarios de todo el país.
La eliminación del DACA es “una prueba más de la profunda xenofobia y animosidad hacia los inmigrantes de nuestra nación” que ha mostrado Trump, sentenció José Calderón, presidente de la Federación Hispana.
“Estamos listos para trabajar con la oficina (de Schneiderman) y otros aliados en Estados Unidos para proteger a nuestros dreamers y para defender los valores en los que nuestra nación fue construida: justicia, inclusión y democracia”, adelantó.

Honduras, El Salvador y Guatemala rechazan la medida

La secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, María Dolores Agüero, dijo que pedirá ante el Congreso de Estados Unidos que se mantenga el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.
La acción se realizará de manera conjunta por parte de los gobiernos de México y del Triángulo Norte de Centroamérica integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras.
“Estimamos que una acción conjunta por parte de los gobiernos que se han visto afectados con la decisión de Estados Unidos puede contribuir a que se mantenga ese programa”, subrayó Agüero.
La funcionaria explicó que el DACA tiene un carácter temporal y que Estados Unidos tiene todo el derecho de suspenderlo, pero que se realizarán las acciones para que sea reconsiderada esa medida.