Elementos de la Policía Federal (PF) dispararon contra un vehículo en el que viajaban dos hombres y dos niñas sin acreditar una agresión previa, expuso en un informe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Uno de los hombres murió por el ataque y el otro resultó herido, mientras que en sus reportes los policías no mencionaron a las niñas, de 4 y 9 años de edad en ese entonces.
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Chihuahua el 10 de enero de 2013 y son narrados en la recomendación 34/2017 de la CNDH, dirigida a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, y de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes.
La persona herida fue llevada a un hospital y al día siguiente presentada ante el Ministerio Público federal por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.
“La CNDH constató que personal de la Policía Federal (PF) ejerció uso indebido de la fuerza por accionar sus armas de fuego sin acreditar que repelían una agresión, incumpliendo diversas disposiciones legales sobre el empleo de la fuerza pública.
“Además, se constató que elementos de la citada corporación alteraron, manipularon evidencia y procesaron indicios balísticos que no fueron entregados bajo cadena de custodia al representante social que investigaba los hechos”, se indica en la recomendación.
La PGR inició una averiguación previa por homicidio y tentativa de homicidio contra los elementos de la PF, pero según la CNDH, los agentes ministeriales no realizaron diligencias para la investigación y no atendieron a las víctimas.
Con ello, la Comisión Nacional acreditó violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y a la integridad personal, a la vida, al interés superior de la niñez y al acceso a la justicia, en su modalidad de procuración en agravio de las víctimas.
En la recomendación se pide a la PGR reactivar la indagatoria contra los policías federales y determinar la misma conforme a derecho.
A la Comisión Nacional de Seguridad le pide reparar los daños a los afectados, inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas y colaborar con las investigaciones sobre los hechos.