Agencia Reforma y Agencia Proceso

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó este martes la destitución y consignación penal del acalde priista de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, Erwin Castelán; de su antecesor, el diputado federal David Sánchez Isidoro, y de otros 29 funcionarios y ex funcionarios municipales por desacato reiterado a una sentencia de amparo.

Además, el pleno de la Corte determinó separar del cargo y acusar penalmente al alcalde de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, Pablo Pérez Maceda y a nueve regidores.

En el caso de Castelán y Sánchez, el amparo ordenó desde abril de 2013 pagar 4.1 millones de pesos por un laudo laboral favorable a Julián Domínguez Zamudio. En Tlacotepec, el municipio omitió pagar 967 mil pesos a la dueña de un terreno que fue invadido ilegalmente para una obra pública.

Los ex funcionarios serán acusados por la Corte ante jueces del Estado de México y Puebla por el delito de desacato a una sentencia de amparo, cuya sanción va de cinco hasta 10 años de cárcel.

En el caso de Sánchez Isidoro, no pierde su puesto como diputado, pero el fuero no lo protegerá del proceso penal, pues se trata de una sanción Constitucional aplicada por la Corte que no está sujeta a las reglas para los delitos ordinarios perseguidos por las procuradurías.

Analizan separación de poderes en Tabasoc

El Congreso de Tabasco espera el expediente de un juzgado de distrito para determinar la desaparición de poderes o llamar a los regidores suplentes en el municipio de Paraíso para hacerse cargo del ayuntamiento, informó el director de Asuntos Jurídicos del Poder Legislativo, Joel Alberto García González.

Los ministros ordenaron este lunes la destitución y consignación del alcalde Bernardo Barrada Ruiz, los regidores del cabildo y los directores de Finanzas y Programación, por desacato judicial al pago de laudos laborales a 23 trabajadores despedidos injustificadamente en administraciones anteriores.

El expediente se remitirá a un juzgado de distrito y éste lo enviará al Poder Legislativo para analizar si llaman a los suplentes o procede en términos de la Ley Orgánica de los Municipios.

De acuerdo con la ley, ante la falta absoluta de un alcalde o destitución, el Congreso deberá llamar a los suplentes o desaparecer el ayuntamiento y nombrar un consejo para concluir la administración.