Martha Martínez / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al artículo 127 de la Constitución, que pone límite a las pensiones y jubilaciones y establece la aplicación retroactiva de las nuevas disposiciones.
La minuta del Senado establece que los ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas no podrán recibir jubilaciones o pensiones superiores a la mitad de la remuneración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Los diputados emitieron 458 votos a favor, en espera de la presentación de reservas.
El proyecto exenta de este límite a las Fuerzas Armadas, los haberes de retiro vigentes y a las pensiones y jubilaciones que se constituyan a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, a partir de aportaciones sindicales y las no contributivas.
Establece también que las nuevas disposiciones serán aplicables a las jubilaciones y pensiones que se hayan otorgado con anterioridad.
Aunque la bancada del PAN presentó una moción suspensiva, la mayoría rechazó frenar la discusión en el Pleno, mientras jubilados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro protestaban afuera del Palacio Legislativo e incluso intentaban ingresar a la fuerza.
La panista Margarita Zavala dijo que aunque su bancada está en contra de las llamadas pensiones doradas, es reprobable y perverso que la mayoría apruebe violar derechos humanos desde la Constitución.
Afirmó que la reforma violenta el derecho humano a la no retroactividad establecido en el artículo 14 constitucional y, aunque reconoció que en el Senado ésta fue avalada por unanimidad, acusó que los legisladores emitieron su voto con información imprecisa e incluso falsa, porque las bases de datos dadas a conocer por el Gobierno federal sobre el monto de pensiones en empresas del Estado fue corregida el 17 de marzo pasado.
“Si hoy se permite que desde la Constitución se violente el principio de la irretroactividad, si hoy se permite que desde la Constitución, sin estudiar lo suficiente, se elimine derechos adquiridos con base en información imprecisa, incluso falsa, entonces ningún derecho estará a salvo, ni la pensión, ni el ahorro, ni el patrimonio”, advirtió.
El priista César Domínguez informó que su bancada está a favor de eliminar privilegios, pero no a costa de derechos adquiridos, de la Constitución, de la seguridad jurídica de miles de personas y de aceptar que ningún derecho en México está garantizado.
Tras lamentar que la mayoría se niegue a dialogar y sólo escuche “el aullido de La Chingada”, aseguró que si al Gobierno federal y a la mayoría les preocupan las finanzas públicas, combatiría el huachicol fiscal, la evasión y el contrabando, reconocerían el costo excesivo de las obras faraónicas y castigarían a Ignacio Ovalle por el desfalco de 16 mil millones de pesos en Segalmex.
La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, indicó que, en general, su bancada está de acuerdo con el planteamiento de la reforma; sin embargo, usar como parámetro el salario presidencial es una referencia política discrecional, no un indicador técnico.
“Si la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal ronda los 140 mil pesos netos mensuales, el límite que se está estableciendo implicaría topas las pensiones aproximadamente en 70 mil pesos, sin contar en este salario la comida, servicios en Palacio, gasolina y demás que le viene incluido a la persona titular del Ejecutivo. Esto tiene implicaciones reales”, afirmó.
La diputada de Morena, Haidyd Arreola, afirmó que la reforma es una solución clara y jurídicamente consistente a un sistema de pensiones que presenta profundas desigualdades en el acceso y montos percibidos.
Rechazó que las modificaciones contravengan el principio de irretroactividad, ya que, de acuerdo con jurisprudencia de la Corte, las reformas constitucionales pueden incidir sobre situaciones jurídicas preexistentes cuando así lo determine el poder reformador, sin que eso implique una violación al principio de seguridad jurídica.
El también morenista Manuel Vázquez Arellano aseguró que la reforma también responde a un problema de sostenibilidad, toda vez que el país gasta más de 2.3 billones de pesos, equivalente al 23 por ciento del presupuesto público en pensiones.
Aclaró que el problema no es que se gaste en los trabajadores, sino que esos recursos se concentran en unos cuantos. Como ejemplo, dijo que el padrón de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro es de más de 14 mil, de los cuales, cerca del 67 por ciento recibe pensiones que van de los 100 mil a casi un millón de pesos, aunque no especificó cuántos llegan a esta última cifra.

Intentan jubilados ingresar
a la Cámara de Diputados

Jubilados intentaron ingresar a la Cámara de Diputados, en donde en este momento se discute la reforma que pone un límite a pensiones y jubilaciones de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado.
Los inconformes intentaron ingresar por la puerta 1 del estacionamiento, ubicada sobre la calle de Emiliano Zapata, pero al no lograrlo se dirigieron a la garita por la que ingresan visitantes.
Ahí, personal de resguardo les impidió el acceso al Palacio Legislativo, mientras los inconformes sonaban cacerolas y golpeaban la puerta.
“¡Sí al Estado de Derecho!”, coreaban.
En ese momento, en el pleno se discutía la minuta enviada por el Senado que modifica el artículo 127 de la Constitución.
Desde la mañana, jubilados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro mantienen una protesta en rechazo a la reforma constitucional presidencial y en demanda de una reserva que modifique la disposición que establece la aplicación retroactiva de las nuevas disposiciones.