Martha Martínez / Agencia Reforma

Ciudad de México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley de Ingresos para 2023, que establece ingresos totales por 9.3 billones de pesos y plantea un techo de deuda del Gobierno federal de 1.5 billones de pesos.
El dictamen avalado por Morena, sus aliados y MC, plantea ingresos tributarios por cerca de 5.3 billones de pesos, cifra superior a los 4.9 billones de pesos considerados para el presente ejercicio fiscal.
El priista Jericó Abramo Masso señaló que el monto de la deuda autorizado implicará pagar un billón 388 mil millones de pesos de intereses, cifra superior a la de 2022, que ascendió a 580 mil millones.
Indicó que esta cantidad es similar al billón 350 mil millones de pesos que recibirán los estados vía participaciones.
“Le vamos a dar más dinero a los bancos que a los estados y a los municipios del país, este es el paquete económico que este Gobierno le está entregando a las y los mexicanos”, criticó.
El panista Homero Niño de Rivera acusó a Morena y a sus gobiernos de haber duplicado la deuda histórica del país.
Dijo que la causa de este incremento ha sido la falta de control parlamentario, ya que al contar con la mayoría, Morena y sus aliados someten la discusión de la Ley de Ingresos al pleno de San Lázaro como un mero trámite.

El pleno de San Lázaro avala modificaciones a la Ley Federal de Derechos; alistan aumento a los impuestos de empresas mineras

Entre acusaciones de opacidad y militarización de los ingresos, la Cámara de Diputados aprobó diversas modificaciones a la Ley Federal de Derechos.
La reforma avalada sin cambios con 341 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano –con excepción de Pablo Vázquez Ahued– y 95 en contra, incrementan los derechos mineros, el impuesto al turismo extranjero, el costo por las prestaciones de servicios migratorios en aeropuertos y redistribuye los ingresos destinados para la Sedena.
Los cambios plantean incrementar de 7.5 a 8.5 por ciento el derecho especial sobre minería y de 0.5 a uno por ciento el derecho extraordinario para este sector.
Establece un incremento al derecho por turismo extranjero de 717.14 a 860.56 pesos y del correspondiente a la prestación de servicio migratorios en aeropuertos de 185.91 a 223.09 pesos.
Además, plantea una redistribución de esos ingresos, al establecer que el 67 por ciento del derecho relativo a turistas extranjeros se destinará a la Sedena para sus empresas sectorizadas -actualmente son sólo para el Tren Maya-, mientras que el 33 por ciento restante se enviarán a la Tesorería de la Federación, sin un destino específico.
Agrega que el 60 por ciento de los ingresos por servicios aeroportuarios se destinarán a la Sedena y el 40 por ciento a la Marina para el fortalecimiento de los sistemas aeroportuarios bajo su coordinación.
Mientras que el 83 por ciento de los ingresos por recaudación de derechos relativos a la prestación de servicios migratorios en aeropuertos serán para la calidad integral de los servicios que presta el Instituto Nacional de Migración y el 17 por ciento deberá ser transferido a la Tesorería sin un destino específico.
Durante la discusión, la mayoría rechazó una a una las reservas presentadas por la oposición, algunas de ellas con el objetivo de revertir los incrementos a los impuestos mineros.
El panista Héctor Saúl Téllez aseguró que la Ley Federal de Derechos promueve el militarismo de los ingresos, al destinar una importante cantidad de recursos recaudados mediante derechos a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El priista Emilio Lara sostuvo que su bancada no puede respaldar los números alegres de la Secretaría de Hacienda y tampoco que el Paquete Económico 2025 fomente el uso discrecional de los bienes públicos.

Promete el diputado morenista Pedro Haces impulsar la reducción de la jornada laboral

El secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces, aseguró que impulsará la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.
La iniciativa que desarrolló la ex diputada Susana Prieto Terrazas, en octubre de 2022, para reformar el artículo 123 constitucional y disminuir las horas de trabajo de 48 a 40 horas fue congelada y en los inicios de la actual Legislatura el panorama no cambió.
Sin embargo, en conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, ahora Haces señaló que subirá al Pleno para expresar su apoyo a la reducción, aunque con una reserva.
“Subiré a tribuna a impulsar las 40 horas, pero también hay que dejar esa ventana, que quien quiera trabajar más, que lo pueda hacer”, dijo.

Activista inicia huelga de hambre para exigir que se discuta la reducción de la jornada laboral

La activista María Luisa Luévano, acompañada de la ex diputada Susana Prieto Terrazas, inició ayer una huelga de hambre en las inmediaciones de la Cámara de Diputados para exigir que se ponga fecha a la discusión del dictamen que plantea la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.
Frente a la Puerta 1 del recinto, Prieto Terrazas señaló que en meses pasados Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que no era necesario presentar un nuevo dictamen, sino que la Mesa Directiva de San Lázaro lo pusiera a discusión.
La ex legisladora morenista sostuvo que se acabaron los plazos para sostener diálogos con los empresarios, puesto que desde que impulsó la iniciativa, no han presentado ningún planteamiento.

Declaran la constitucionalidad
de reformas sobre seguridad,
programas sociales
y protección animal

Con el aval de 19 Congresos locales, la Cámara de Diputados realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El proyecto de declaratoria fue firmado al Senado.
La reforma le da facultades de investigación a la SSPC bajo la conducción y el mando del Ministerio Público.
San Lázaro realizó además las declaratorias de constitucionalidad de dos reformas del llamado “Plan C” propuesto por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con el aval de 22 Congresos locales, el pleno declaró la constitucionalidad de la reforma que modifica los artículos 4 y 27 de la Constitución para elevar a rango constitucional los programas pensión para personas con discapacidad permanente, Sembrando Vida y Precios de Garantía. Las modificaciones reducen, además, de 68 a 65 años la edad de los beneficiarios de las pensiones para adultos mayores.
El Pleno también realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que le permite al Infonavit adquirir suelo para la construcción de vivienda, arrendarla y posteriormente vendérsela a los trabajadores. Esta modificación recibió el aval de 19 Congresos locales.
Ambas reformas fueron enviadas al Ejecutivo federal, para su publicación y posterior entrada en vigor.
Finalmente, la Cámara de Diputados declaró este martes la constitucionalidad de la reforma en materia de protección y cuidado animal, tras los 19 votos aprobatorios en Congresos locales a la minuta enviada por el Senado. Ahora pasará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.