Zorayda Gallegos*

Ciudad de México

El general Luis Cresencio Sandoval, el militar con mayor cercanía presidencial en el último medio siglo, se hallaba en inmejorables condiciones a fines de mayo de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo había respaldado públicamente una y otra vez y le había entregado carta blanca para que el Ejército desarrollara sin límite ni supervisión alguna las obras prioritarias de su gobierno: la refinería Dos Bocas, el nuevo aeropuerto, la operación de la línea aérea Mexicana y el Tren Maya, por ejemplo.
El general Sandoval disfrutaba de un poder incuestionable no sólo porque era el titular de las fuerzas armadas, sino por el papel que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) desempeñaba en el régimen obradorista.
Así que su encuentro con quien encabezaba en esos días al Poder Judicial no era una cita cualquiera. Trataría con Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, asuntos que le interesaban al jefe del Ejército.
No eran muchos. Unos seis temas, de acuerdo con una tarjeta localizada en los correos filtrados por los hacktivistas del grupo Guacamaya. Pero entre ellos había uno muy delicado: el caso de otro militar de alto rango, el general Brigadier Diplomado de Estado Mayor Eustorgio Villalba Cortés.
En esos días, Villalba Cortés estaba siendo procesado por delitos sexuales: la violación de tres subordinadas militares y el hostigamiento y abuso sexual de dos más, que presuntamente cometió cuando era el comandante general de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
Para la cúpula del Ejército no se trataba de interceder por el caso de un militar más, sino por uno de los suyos. Villalba Cortés era un general de amplia trayectoria que en 2015 había recibido del entonces presidente Enrique Peña Nieto el ascenso a general brigadier y que en febrero de 2018, poco antes de que ocurrieran los hechos denunciados por sus subordinadas, había sido condecorado con la Medalla de la Legión de Honor por cumplir 30 años de servicio.
El expediente, en ese entonces, había pasado a la justicia del fuero civil porque un juez federal consideró que los delitos señalados no estaban relacionados con la disciplina militar.
Ante ello, la defensa de Eustorgio Villalba presentó un recurso de revisión mediante el cual se solicitaba que el caso regresara a la justicia castrense, pues “al haberse afectado la disciplina militar con los hechos materia de acusación”, los tribunales militares eran los competentes para resolver.
Así que el general Sandoval le pediría al ministro Zaldívar que permitiera que el general Villalba Cortés fuera juzgado en el fuero militar. En las tarjetas que le preparó su equipo se sugería al comandante de las fuerzas armadas que:
“SE SOLICITE AL C. PDTE. DE LA SCJN que se admita el recurso de revisión y se resuelva que los hechos son de la competencia del fuero militar, en razón de que este tipo de conductas sí afectan la disciplina militar”.
El general buscaba que esta carpeta, una de las 525 investigaciones iniciadas por la Fiscalía Militar por violación, hostigamiento y abuso sexual entre 2013 y 2024, se resolviera dentro del terreno judicial castrense.
Se trataba de impedir que el prestigio del Ejército quedara lastimado por lo que internamente se reconocía desde hace tiempo: en los cuarteles, en las oficinas, en las guarniciones militares, en los hospitales del sector, en los juzgados castrenses, había una preocupante violencia machista que ya no podían minimizar ni esconder.
El caso del general Eustorgio Villalba Cortés no era, ni mucho menos, único. Ni aislado.

La protección a los jefes,
por encima de las víctimas

El alto número de quejas, denuncias y carpetas de investigación por delitos de índole sexual cometidos por militares constituye un indicador de que existe un machismo estructural que recorre sus filas y de que la protección a los jefes y a la institución se encuentran por encima de las mujeres violentadas.
Los altos mandos se escudan en las doctrinas de obediencia y subordinación, así como la disciplina para incentivar el encubrimiento entre los oficiales, allanando con ello el camino hacia la impunidad.
Las víctimas, subordinadas a la disciplina militar y sometidas a un machismo sistémico, son orilladas a callar ante el temor de las represalias. El miedo evita que muchas de ellas denuncien públicamente a sus agresores.
La revisión hecha a 50 investigaciones del Órgano Interno de Control del Ejército, una veintena de expedientes judiciales y las denuncias presentadas ante la Oficina para la Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual (HAS) contenidas en los correos filtrados por el grupo Guacamaya, hablan de una institución intoxicada por un machismo que tolera y encubre la violencia contra las mujeres que forman parte del Ejército.

Tú eres muy bonita y yo
no puedo controlarme

Era el 15 de marzo de 2018 y Dora, cuyo nombre real ha sido omitido para proteger su identidad, acababa de vivir un suceso que la había dejado “paralizada”.
A eso de las 10 de la mañana, el general Eustorgio Villalba Cortés, un hombre de 50 años, la mandó llamar para que limpiara su oficina en la Jefatura de Estado Mayor de la Octava Zona Militar, ubicada en Reynosa, Tamaulipas.
Al terminar la tarea que su superior le asignó, Dora se acercó a darle parte y éste le extendió la mano para agradecerle. Mientras le decía que era “muy bonita” le hizo una caricia en la mano que la hizo sentir “muy incómoda”.
Luego la jaló para abrazarla y comenzó a tocarle los glúteos. Ella intentó zafarse, pero no pudo. “Estaba en shock”.
Finalmente, el general la soltó e intentó justificarse: “Discúlpame, yo no soy así, pero tú eres muy bonita. No puedo controlar mis impulsos”. Dora salió inmediatamente de su oficina.
Cinco días después, el general la llamó de nuevo a su oficina. Eran las 11:00 de la mañana y Dora entró “con miedo” al percatarse que estaba solo. Él le pidió que cerrara la puerta y se sentara. El general se levantó y se dirigió hacia ella. La soldado, por el temor, hizo lo mismo.
El general Villalba, con 1.78 de estatura, se abalanzó sobre ella, jalándola del brazo hacia él para comenzar a tocarla. La soldado intentó zafarse y comenzó el forcejeo para no permitir que metiera sus manos por debajo de su ropa, pero se impuso la fuerza de él.
La empujó con violencia hacia el alojamiento y la llevó a la cama, donde finalmente la violó, según declaró la propia Dora durante el juicio oral TMJO/036/2019.
Mientras la atacaba sexualmente, alguien tocó la puerta de la entrada principal de la oficina, que tenía puesto el seguro. Villalba aventó a Dora y le pidió que se fuera a esconder al baño. Él, que estaba desnudo, se puso un short y una playera verde para abrir la puerta.
En esos momentos, su mente “estaba paralizada” y ella se encontraba “en shock”. Como pudo salió de la oficina, pero no le dijo a nadie lo que había ocurrido.

Acusado, procesado,
preso y… promovido

Para varias de las mujeres militares obligadas por sus funciones a tener tratos con el general Villalba Cortés el periodo marzo-mayo de 2018 no fue fácil de sobrellevar.
Jóvenes, de reciente ingreso, con el grado más bajo dentro de la tropa y con aspiraciones para hacer una carrera militar, se toparon con una realidad que no habían imaginado.
Cinco de ellas denunciaron haber sido agredidas sexualmente por el general Villalba en ese periodo. Y luego de varios meses y dudas sobre si debían o no presentar una acusación formal por las dificultades y las represalias que podrían experimentar por actuar legalmente contra un alto mando militar, decidieron hacerlo.
El 2 de junio de 2018 se presentaron ante el Ministerio Público Militar. Dos semanas después, la Fiscalía General de Justicia Militar le imputó al general Villalba los delitos de violación y abuso sexual cometidos en contra de tres soldados, desestimando las otras dos denuncias por abuso sexual al carecer de lo que calificó como “pruebas irrefutables”.
El 20 de junio se le impuso prisión preventiva oficiosa y el general Villalba fue internado en una prisión del Campo Militar Número 1, en Ciudad de México.
Casi un año después, el 20 y 21 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia ante un Tribunal de Juicio Oral de la Primera Región Militar.
A pesar de los testimonios y dictámenes presentados por la propia fiscal militar y las abogadas de las soldados agredidas, los integrantes del tribunal llegaron a una conclusión inesperada para las víctimas: lo absolvieron por unanimidad.
Apenas un mes y medio después de que lo absolvieron en primera instancia, Villalba recibió una importante tarea en el gobierno de López Obrador: lo nombraron coordinador regional de la Guardia Nacional en Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas, como parte de la estrategia para desplegar a ese cuerpo armado y militarizar la seguridad pública en el país.
Al alto mando que le otorgó el control regional de la Guardia Nacional no le importó que Villalba Cortés fuera parte de un proceso legal que aún no llegaba a su fin.
Las abogadas de las víctimas y la propia fiscal militar habían impugnado el fallo que exoneró inicialmente al general. Y ese proceso estaba en curso. Las soldados habían tenido un primer revés legal, pero no sería definitivo.

El mundo al revés: las
víctimas, bajo sospecha

Luego de dos días de audiencias, en las que se escucharon los testimonios de las víctimas, se presentaron dictámenes, se oyeron las versiones de la defensa del general y sus testigos, incluida su esposa, los integrantes del Tribunal Militar dieron su fallo absolutorio con sólo 17 palabras: Eustorgio Villalba Cortés “no es culpable ni penalmente responsable de la comisión de los ilícitos de abuso sexual y violación”.
Más allá del lenguaje jurídico, en el fallo “brincan” las razones por las que los integrantes del Tribunal Militar decidieron exonerar al general. De entrada, consideraron que los testimonios de dos de las víctimas de violación eran “inverosímiles”.
Les pareció ilógico que Dora no haya aprovechado el momento en que alguien tocó a la puerta de la oficina del general para escapar, en vez de esconderse en el baño. ”Era una oportunidad inmejorable para que la víctima pudiera pedir ayuda y el acusado fuera descubierto”.
El mismo “escepticismo” aplicaron al caso de Cecilia. Al tribunal tampoco le pareció lógico que ella no hubiera aprovechado para huir en el instante en que el general fue al clóset a ponerse un condón, pese a que ella había declarado que había intentado hacerlo, pero que el general regresó rápidamente y la arrojó con violencia hacia la cama, además de que la puerta estaba cerrada con seguro.
Otra de las víctimas contó que después de la agresión vivió días de mucho miedo. Por eso no fue al médico y no pidió ayuda. “Tenía miedo porque él era General y yo soldado, y acababa de entrar al Ejército con expectativas de crecimiento y mi temor era que me truncaran mis sueños e ilusiones”, declaró.
La tercera víctima expresó que después de lo ocurrido se refugió en su alojamiento, sin contarle a nadie lo sucedido. Se sentía “vulnerable” y no fue al médico por una sola razón: no quería que nadie tocara su cuerpo.

* Este es un fragmento de la tercera y última parte del reportaje, cuya realización contó con el apoyo del Pulitzer Center. El Sur lo reproduce con autorización de la autora. Para ver la versión completa entra a suracapulco.mx