Zorayda Gallegos*

Ciudad de México

Ser mujer y militar en México conlleva altos riesgos de ser víctima de la violencia machista que campea en el Ejército. No existe un sitio donde las mujeres militares puedan estar completamente a salvo. El abuso, el hostigamiento y las agresiones sexuales, incluidas las violaciones, se extienden por los cuarteles, escuelas, colegios, hospitales, aduanas, bases aéreas, oficinas administrativas y agencias del ministerio público militar. Ni en sus propios dormitorios, donde se han colocado cámaras de videovigilancia y letreros para prohibir el paso de los hombres, pueden sentirse tranquilas.
Eugenia se encontraba en el consultorio de un médico militar en Sonora; Adarely en el archivo del cuartel de la 36 Zona Militar en Tapachula, Chiapas; Naybeth, en el despacho del comandante del pelotón de intendencia del Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua; las mujeres del batallón de ingenieros, en su dormitorio del cuartel de Jamay, Jalisco; Sofía, en la sede del Servicio Militar en Puebla; y un grupo de especialistas en tecnologías de la información, en instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Los casos de ellas, y muchos más de sus compañeras, muestran que las agresiones sexuales contra las mujeres militares se registran en todo el país, en cualquier instalación militar y cualquier día del año.
Ser parte del Ejército mexicano no las protegió. Por el contrario, en los ataques que recibieron hubo un denominador común: en diferentes formas y grados, la rígida estructura jerárquica facilitó que un alto porcentaje de sus denuncias fueran descartadas y que los agresores quedaran impunes.
La revisión de medio centenar de quejas y de una veintena de denuncias penales, además de conversaciones y entrevistas con más de una decena de víctimas, dejan al descubierto un desolador panorama poco conocido sobre la violencia machista que viven las mujeres militares, y permiten mostrar los niveles de agresión a los que están expuestas en las instalaciones a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Por ejemplo, según los expedientes, las quejas y las entrevistas realizadas por la autora, los hombres militares difunden fotografías o videos íntimos de ellas sin su consentimiento.
Durante los partidos de fútbol les piden que se suban el short para verles las piernas o toman fotos de sus glúteos. Las encierran o las arrinconan en lugares sin cámaras para besarlas a la fuerza o pedirles que les enseñen su ropa interior o tocarles los senos. Las espían cuando se dirigen a bañarse, las toman de los hombros intentando darles masajes, les dan nalgadas si se resisten y, en los casos más graves, las drogan y ejercen su superioridad física para abusar de ellas y violarlas.
Algunos de los jefes militares las mandan llamar a sus alojamientos oficiales para tratar “asuntos de servicio” o para pedirles que hagan el aseo vistiendo ropa “sexy”. Otros ingresan a sus dormitorios durante la noche, incluso en estado de ebriedad; las sorprenden mientras ellas están dormidas para intentar tocarlas o acariciarlas.
Esta muestra de agresiones y delitos de naturaleza sexual descritos en los expedientes tiene correspondencia con los altos números de quejas y denuncias presentadas entre 2013 y 2024 en la Fiscalía Militar, en el Órgano Interno de Control y en la oficina de Atención al Hostigamiento y Abuso Sexual de la Sedena: 525, 314 y 509 casos, respectivamente.
En esta última, la principal instancia a la que se canaliza a las víctimas, había al menos 37 generales denunciados y 120 jefes de diverso rango.
La inmensa mayoría de ellos, en la impunidad. O con sanciones irrisorias.

Correo al general Cienfuegos: ¡Auxilio, ayuda!

El “asunto” del correo electrónico no podía ser más explícito: “Auxilio ayuda!!!”. Un grupo de mujeres pertenecientes al cuarto batallón de ingenieros de combate en Jamay, Jalisco, le escribió al general Salvador Cienfuegos, entonces secretario de Defensa, al Observatorio para la Igualdad y a la Oficina de Atención Ciudadana de la Sedena.
En un correo fechado el 20 de abril de 2018, el grupo de mujeres, que no quisieron dar sus nombres por miedo a represalias, detallaron los abusos presuntamente cometidos por el coronel José Francisco Sáenz y un grupo de comandantes cercanos a él.
En una cuartilla, contaban que el mando militar había impuesto “un clima de terror” en el batallón: las obligaba a bañarse con agua fría y las despertaba a las 5:00 am con música de feria para iniciar el adiestramiento. Si durante las actividades desfallecían, las arrestaba. Las arrestaba también, denunciaron, si “no lo favorecemos sexualmente”.
No conforme con eso, en las noches las mandaba llamar para que le cortaran las uñas de los pies, le “sacaran” las cejas o le aplicaran alguna mascarilla en la cara.
“Creíamos que siempre nuestras actividades serían como el resto de los hombres: obras militares, destacamentos, guardias, etc., pero la verdadera intención de los comandantes de este batallón es tener al personal femenino en plaza con la finalidad de estarlo presionando y acosando sexual y laboralmente”.
Además, se quejaban en su correo, el día de su cumpleaños el coronel irrumpió de madrugada en el dormitorio femenil y las despertó a gritos. Luego les ordenó que se desnudaran para que le cantaran Las Mañanitas. Mientras las insultaba con groserías y las llamaba “putas”, les pasaba un fuete por los senos y las entrepiernas.
“Cuando usted (secretario de la Defensa) abrió la convocatoria para que nosotras mujeres mexicanas pudiéramos ingresar al Ejército como soldados del arma de zapadores fue una gran ilusión de superarnos y crecer profesionalmente, desempeñándonos en el ámbito castrense y en igualdad de circunstancias con el personal masculino.
“Pero –le confesaban al secretario de Defensa– todo ese anhelo se derrumbó”.
Y concluían con una petición: “Hagan algo por ayudarnos… hasta parece que ustedes mismos protegen y consienten este tipo de acciones. No sean cómplices de este tipo”.

Correo al general Sandoval:
Hagan algo, no podemos más

El general Luis Cresencio Sandoval González, que acababa de cumplir un año al frente de Sedena, recibió también otra denuncia enviada por correo electrónico el 9 de diciembre de 2020.
En el cuerpo del correo, un grupo de mujeres que dijeron pertenecer a los agrupamientos de Adquisiciones, Comunicación Social y Tecnologías de la Información, denunciaban que el teniente coronel Rodolfo Paz, quien estaba comisionado en las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), organizaba reuniones en su alojamiento del hangar durante la media noche, unas dos o tres veces a la semana, y enviaba a su chofer por las mujeres del agrupamiento, quienes debían asistir obligatoriamente.
“Una compañera no quiere ni hablar… todos los días vivía acoso sexual no sólo del jefe, sino de todos los militares que estaban ahí. La encerraban en sus oficinas y no la dejaban salir hasta que les diera un beso o les enseñara su ropa interior. Ella está asustada, tiene una niña y no quiere denunciar, pero tiene los mensajes que le enviaban”, se lee en la queja.
Por favor, suplicaban, “hagan algo, ya no podemos más. No vamos a dar nuestros nombres porque estamos amenazadas. Por favor, tenemos hijos, necesitamos vivir. Ayúdennos. Hagan algo”.
Su petición no tuvo mayor impacto. Por el contrario, casi dos años después, el teniente coronel recibió un ascenso por haberse encargado de la construcción del edificio terminal del AIFA. Mientras él se presentó en una ceremonia para ser designado coronel de arma en noviembre de 2022, la denuncia de las mujeres fue desestimada por ser anónima.

Amenazas y coerción,
así las silencian

La revisión de medio centenar de denuncias presentadas en el Órgano Interno de Control del Ejército y de una veintena de expedientes judiciales en contra de militares acusados de diversas agresiones sexuales permite hacerse una idea del engranaje de intimidación orquestado por la estructura militar para presionar y amenazar a las mujeres que deciden denunciar los abusos cometidos contra ellas.
Los expedientes, celosamente resguardados en juzgados militares, en las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos y el Órgano Interno de Control de la Sedena, dan cuenta de los mecanismos utilizados para orillar a las víctimas a no quejarse, retractarse de sus dichos, abandonar su denuncia o, como muchas lo hacen, desertar.
Los expedientes y las denuncias revisadas contienen muestras variadas de  coacción. En algunos casos en que las mujeres hicieron del conocimiento de sus superiores que iban a denunciar, los jefes les pusieron trabas, les pidieron “pensar bien la decisión” o les asignaron tareas para retrasar el trámite.
En otros más, enviaron a otros militares a intimidarlas y a decirles que tuvieran presente que el jefe “tenía contactos con los altos mandos”, las amenazaron con desprestigiarlas con testimonios falsos de soldados que dirían que se prostituían o les inventaron insubordinaciones para arrestarlas.
También existe registro de que algunos de los agresores sexuales les ofrecieron a las mujeres dinero o pagarles terapia psicológica para que no denunciaran.
Un teniente que agredió sexualmente a una soldado policía militar en julio de 2020 en una instalación de la Policía Militar, en Zacatlán, Puebla, le ofreció una “reparación del daño” para que se quedara callada porque iba a afectarlo a él y a su familia.

La intimidación a una
soldado oficinista

Sofía, soldado auxiliar oficinista, se encontraba adscrita a la Sexta Compañía del Servicio Militar Nacional ubicada en Puebla, donde durante más de un año vivió una situación de constante hostigamiento sexual y laboral. El presunto agresor era su superior, un teniente de infantería.
El teniente, según contó Sofía en su testimonio ante el Órgano Interno de Control, le hacía llamadas telefónicas en la madrugada para invitarla a salir o hacerle propuestas indecorosas.
Intentó denunciar, pero la primera vez el oficial la amenazó con hacer que le revocaran su contrato y remató la advertencia con un mensaje: “Haz lo que quieras; una simple soldado no le puede hacer nada a un teniente”, relató Sofía ante los funcionarios del OIC.
En otra ocasión, la abrazó por la cintura, le tocó un seno e intentó besarla. Ella reaccionó y lo empujó. Molesto, el teniente la insultó y, después, comenzó a asignarle tareas que debía cumplir hasta tarde sin motivo alguno.
Sofía, de quien se omite su verdadero nombre, desistió, pero su agresor no paró y la sometía a situaciones más humillantes: frente a un par de compañeros, el teniente la tomó del cabello y la amagó: “Me das el sí por las buenas o por las malas”.
El hostigamiento sexual cesó, pero entonces comenzó el laboral. El teniente la acusó de haber falsificado su firma en un trámite administrativo y le impuso un arresto de 48 horas. Inconforme, ella fue hablar con el capitán, quien, en vez de investigar, la atajó: “Ya te chingaste, ni modo”.
Indignada, pidió permiso para acudir al ministerio público a presentar la denuncia, pero el comandante no le permitió salir de la oficina.

*Este es un fragmento de la segunda parte del reportaje, cuya realización contó con el apoyo del Pulitzer Center. El Sur lo reproduce con autorización de la autora. Para ver la versión completa entra a suracapulco.mx