Agencia Reforma

Ciudad de México

Tras asegurar que ningún proyecto de inversión en México se ha cancelado tras los aranceles impuestos por Estados Unidos, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, indicó que durante este sexenio el Gobierno espera 298 mil millones de dólares de la industria privada.
“Ninguno (proyecto de inversión) ha sido cancelado hasta hoy. Es importante que lo sepamos, porque luego se dicen cosas que no son. Ningún proyecto se ha cancelado.
“El monto de inversión de este momento, (esperado) al término de la actual administración, son 298 mil millones de dólares de inversiones. Esto más o menos representa el 16 por ciento del Producto Interno Bruto de nuestro país”, aseguró Ebrard durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.
De acuerdo con Ebrard, actualmente hay mil 937 proyectos registrados en las 32 entidades de la República.
Durante la conferencia, Raúl Escalante, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo, anunció que el Grupo realizará una inversión de 3 mil 600 millones de dólares en el país en el periodo 2025-2027.
Aseguró que esta inversión busca modernizar sus cervecerías y fábricas verticales, lo que les permitirá producir más con menor consumo de agua.

Sheinbaum ordena a la UIF congelar cuentas de
empresas “fachada”

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar las cuentas de propietarios de empresas acusadas de simular procesos de manufactura con compañías “fachada”.
Así lo informó este jueves el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien explicó que se detectaron abusos en la importación de insumos libres de aranceles para la manufactura en México con fines de exportación.
“Ya cerramos las principales (empresas). Una sola empresa de esas en un año importó más de 10 mil millones de pesos. Ya se clausuraron sus actividades”, dijo.
“Pero, además, instruyó la Presidenta que se solicitara a la UIF que se congelen las cuentas de los propietarios, así que hay ya una consecuencia, cosa que ya se hizo”.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, las empresas “fachada” intervenidas, desde el 1 de abril, habrían hecho mal uso del programa INMEX, al importar productos terminados que se quedan y venden en el país.
Ayer por la mañana, Ebrard también dio a conocer que, en el marco del Operativo Limpieza, se han aplicado sanciones a las agencias aduanales.
“Y otra (medida), que se solicitara la cancelación de la licencia o patente de agencias aduanales. Entonces, todo eso se está haciendo hoy. Es una realidad”, expresó.
Las cinco empresas canceladas han realizado, en conjunto, importaciones por 9 mil millones de pesos.
Durante la mañanera de la Presidenta Sheinbaum, Ebrard fue cuestionado sobre las medidas que ha adoptado la dependencia para combatir el contrabando de origen chino.
En respuesta, recordó que ya se impuso un arancel del 35 por ciento en textiles, aunque se trata de una tarifa general y no únicamente orientada a esa nación asiática.
“No es a un país, es un arancel en general. ¿Por qué se impone? Porque hemos visto que se nos está vendiendo por muchos países productos demasiado baratos”, afirmó.
“Es decir, suponemos que tienen como ventajas estructurales, no un producto, sino todos, y son demasiado baratos respecto a lo que podemos producir en México”.

Coparmex alerta sobre
decreto para eliminar
trámites burocráticos

Con el proyecto de decreto de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, se busca exentar del análisis de impacto regulatorio todas las disposiciones que emita el Poder Ejecutivo, alertó la iniciativa privada.
Esto significa que cualquier trámite que emita el Gobierno ya no será sometido a un análisis sobre las consecuencias y costos que puedan generar decretos o propuestas de ley que emanen de esta autoridad.
Para Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de Coparmex, es preocupante que se exenten todos los ordenamientos emitidos por el Ejecutivo federal, porque con ello se tenderá a sobrerregular a los ciudadanos.
El proyecto contempla varios cambios, como la desaparición de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, cuyas funciones serán absorbidas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; se pretenden homologar los trámites y servicios en los tres niveles de Gobierno; y la creación de un Expediente Digital Ciudadano.