Otro alcalde, ahora en Jalisco, fue ejecutado después de acudir a un velorio.
Juan Carlos Andrade Magaña, presidente municipal con licencia de Jilotlán de los Dolores era candidato de Movimiento Ciudadano (MC) y buscaba su reelección.
Andrade fue emboscado por un comando en su municipio que colinda con Tepalcatepec, Michoacán.
La violencia contra presidentes municipales se ha recrudecido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, según cifras de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).
Mientras el sexenio pasado se registraron 47 asesinatos de alcaldes electos, en funciones y ex alcaldes, en la presente Administración federal suman 73.
“Jalisco se ha convertido en referente nacional por asesinatos de activistas y políticos, y recientemente de personas”, lamentó ayer en su cuenta de Twitter, Enrique Alfaro, candidato de MC a la gubernatura.
“Esto no puede seguir así. En estas condiciones no se puede hablar de normalidad democrática, en estas condiciones no podemos hablar de un proceso electoral libre”, agregó.

La cifra anual más alta de los últimos 10 años

Según la ANAC, que aglutina a más de 400 presidentes municipales de Acción Nacional, este tipo de violencia tuvo su pico más alto en 2017.
Ese año se registraron 22 asesinatos de alcaldes –electos, en funciones y ex alcaldes–, la cifra anual más alta de los últimos 10 años.
“Para la ANAC, la seguridad de los alcaldes es uno de los grandes temas que debe atenderse en aras de construir municipios con adecuada gobernanza municipal.
“Los asesinatos a servidores públicos son cada vez más frecuentes y numerosos”, advierte la asociación en un documento interno fechado en marzo de este año.
Los crímenes contra alcaldes electos y en funciones y ex ediles han golpeado a prácticamente todas las fuerzas políticas.

Oaxaca, Michoacán y Guerrero, de alto riesgo

Tan sólo en lo que va del sexenio han sido ultimados integrantes del PRI, PAN, PRD, PT, Morena, Panal y Movimiento Ciudadano.
Las entidades consideradas por la ANAC como de alto riesgo son Oaxaca, Michoacán y Guerrero.
En estas tres entidades, refiere, hay mayor riesgo a que sufran algún delito debido a su nivel económico, falta de recursos para seguridad y alto nivel de actividad del crimen organizado.
“Los ataques por parte de los cárteles contra jefes de Policía, políticos y funcionarios públicos, como son los Alcaldes, ya sea en funciones, electos o ex alcaldes, están pensados como una forma de presionar al Estado para que evite la confrontación”, añade el documento.