Integrantes del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM) y ejidatarios de localidades aledañas a la compañía Peñasquito, filial de la canadiense Gold Corp, que opera en el municipio de Mazapil, cumplieron cinco días de bloquear los accesos a las instalaciones de la empresa, a la que acusan de haber agotado los pozos de … Continúa leyendo Ejidatarios de Zacatecas bloquean el acceso a minera canadiense Peñasquito; “agotó los pozos”, reclaman
Agencia ProcesoZacatecas, Zacatecas
Octubre 03, 2017
Integrantes del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM) y ejidatarios de localidades aledañas a la compañía Peñasquito, filial de la canadiense Gold Corp, que opera en el municipio de Mazapil, cumplieron cinco días de bloquear los accesos a las instalaciones de la empresa, a la que acusan de haber agotado los pozos de agua potable y causar daños a los cultivos.
La minera aseguró que está dispuesta a dialogar con quienes encabezan esta protesta, pero al mismo tiempo presentó denuncias penales contra ellos.
En un comunicado, la minera aseguró que ha cumplido con los convenios de ocupación temporal de tierras, así como con los beneficios derivados del convenio firmado con los ejidatarios, como becas, empleo local y apoyo a microempresas.
La filial de Gold Corporation paga al año 524 dólares por cada hectárea que ocupa para sus actividades.
Felipe Pinedo, coordinador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, aclaró que la empresa ha cumplido sólo de manera parcial dichos compromisos, pues ha afectado el derecho al agua y a un medio ambiente sano para los habitantes de la zona.
“Están cumpliendo con los contratos de ocupación temporal, que es la renta de las cerca de 10 mil hectáreas para explotar oro, plata, plomo, así como donde están los pozos del agua y otras tierras donde les proveen obras de infraestructura hidráulica, eléctrica y demás, pero mientras tanto están afectando gravemente el acceso al agua de estos poblados”, dijo a la Agencia Proceso.
Como ejemplo, responsabilizó a la empresa de secar un manantial que durante más de 200 años corrió por San Juan de los Cedros, así como de agotar el agua de los pozos de abasto de Cedros, El Vergel, Los Charcos, Las Mesas y Matamoros, además de pozos para riego.
“Tiene perforaciones de 700 a mil metros de profundidad, y el agua que obtienen la están repartiendo en pipas en las comunidades. A esa profundidad ya se detectan altos niveles de metales cancerígenos, como el plomo y el selenio. Y a ese tema del agua no le quieren entrar”, declaró Pinedo.
Explicó que los directivos de Peñasquito han propuesto un plan de abastecimiento, pero únicamente a cinco años, con el que no están de acuerdo los ejidatarios, pues “el daño es permanente, ellos lo tienen que resarcir”.
Cruz Barrios, comisariado ejidal de El Vergel, afirmó que la minera invade ejidos sin permiso, daña los caminos y desvía el agua pluvial, por lo que los estanques “están secos”.
Ejidatarios de El Vergel explicaron que la misma compañía minera ha desviado y bloqueado vados y vías de abastecimiento para bordos y acequias, provocando inundaciones en cultivos y sequías en otros, con pérdidas para los agricultores y también afectaciones al ganado.
“Nunca como ahora había llovido tanto en el semi desierto y no hay agua en los bordos para las cabras y vacas”, deploraron.
Pinedo dijo que existe un contubernio de las autoridades federales, entre ellas de Conagua y Semarnat, con la empresa, “pues compraron mucha agua de uso agrícola y le están dando un destino industrial. Pese a ello, siguen recibiendo concesiones”.
Para lavar los cientos de toneladas de piedra de mineral que extrae, Peñasquito puede utilizar hasta 43 millones de metros cúbicos de agua al día.
El Frente de Comunidades Afectadas por la Minería gestionó una cita en la Secretaría de Gobernación para externar su reclamo y exhibir la violación al derecho al agua, misma que también está planteando ante organismos internacionales, señaló Pinedo.
En tanto, la empresa interpuso denuncias penales en contra de quienes mantienen el bloqueo, a los que acusa de secuestro y delincuencia organizada, entre otros delitos.
En su comunicado, Peñasquito exigió la intervención de las autoridades para retirar el bloqueo y proceder contra los responsables, con el argumento de que se pone en riesgo una fuente de empleo para más de 4 mil trabajadores.