Agencia Reforma y Redacción

Ciudad de México / El Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no tomó en cuenta los documentos enviados hace meses por Segob y la Cancillería en donde se recalcan los trabajos del Gobierno en este tema desde 2019.
“Hubo un documento previo que presentó hace algunos meses Relaciones Exteriores y Gobernación. Enviaron documentos al Comité diciéndoles pues todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los colectivos como desde 2019.
“Se realizaron distintas acciones relacionadas con la Comisión de Búsqueda y ahora cómo se está conformando. En fin, varios temas no fueron considerados por esta comisión (de la ONU). Por eso se rechazó el documento (de la ONU) y para mayores detalles pues ya la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores van a estar informando de cómo va avanzando”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.
La semana pasada, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por su siglas en inglés) de Naciones Unidas pidió remitir de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
En su decisión, el organismo indicó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
El Gobierno de México rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas al acusar que está desactualizado, al referirse a casos que ocurrieron en los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y carece de rigor jurídico.
La mandataria afirmó que el CED no es un comité de la ONU y que su análisis se refiere a cuatro estados durante ocho años, además de señalar que la desaparición forzada se refiere a la que viene del Estado
“Este es un comité que no es un comité de Naciones Unidas, es un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas. Eso es lo primero. Lo segundo, este comité hace un análisis de casos de cuatro estados de la República del 2009 al 2017. Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025: cuatro estados de la República, análisis del 2009 al 2017 y hay una extrapolación hasta el 2025.
“En los estatutos de esta propia comisión, en los estatutos de Naciones Unidas, en la caracterización que hacen de la desaparición forzada, que es: aquella que viene del Estado mexicano o de cualquier Estado de cualquier país del mundo, para desaparecer personas por motivos principalmente políticos; el análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización que tiene la Organización de las Naciones Unidas y la propia comisión”, expuso la mandataria y añadió:
“Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos, la solidaridad que tenemos con madres y padres de familia, con familiares que lamentablemente tienen una persona desaparecida: el trabajo que estamos haciendo de la alerta, el trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito de la desaparición en nuestro país, vinculado principalmente con la delincuencia organizada.
“Y no tiene nada que ver con la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación de que ‘el Estado nunca puede utilizar la desaparición como un mecanismo de control, o un mecanismo de represión contra su pueblo o contra cualquier opositor’, y que rechazamos tajantemente la desaparición forzada como una herramienta del Estado mexicano. Todo esto no fue tomado en cuenta”, subrayó.
Reiteró que por eso se rechaza el informe, “pero eso no quiere decir que no sigamos avanzando nosotros con el tema de los desaparecidos —como lo hemos venido informando— y como la secretaria de Gobernación ha venido haciéndolo junto con su equipo, con todos los colectivos de personas desaparecidas”.
La presidenta afirmó que el Comité va a enviar al Alto Comisionado de Naciones Unidas su informe.
“Nosotros tenemos una comunicación permanente con el responsable del Alto Comisionado en México de Derechos Humanos y vamos a establecer una relación estrecha con el Alto Comisionado de Derechos Humanos para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo con este informe que se presentó por parte de este comité”, añadió Sheinbaum.

“El desacuerdo es legítimo, pero la descalifición es cuestionable”, responde el presidente del CED

Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, afirmó que en el debate público sobre las desapariciones en México el desacuerdo es legítimo, pero la descalifición es cuestionable.
El presidente del CED (por sus siglas en inglés) remarcó que los integrantes de los órganos de derechos humanos de la ONU no pueden ser sometidos a presiones por los Estados que forman parte de convenciones en la materia.
El abogado ecuatoriano respondió así a las críticas del Gobierno de México, incluidas las de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a su decisión de considerar que ese delito es ya un “crimen de lesa humanidad” en el país y solicitar que el tema sea abordado en la Asamblea General de la ONU.
“Las diferencias jurídicas –e incluso políticas, aunque el asunto no debería politizarse– son comprensibles en el marco del diálogo internacional y la cooperación que debe existir por mandato de la Convención (Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas) entre el CED y los Estados parte”, expuso en un pronunciamiento difundido en su cuenta de X.
“Sin embargo, es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de los derechos humanos y sus integrantes, en línea con el principio 5 de las Directrices de Addis Abeba sobre la independencia y la imparcialidad de los miembros de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos”.
Conforme a ese principio, aseveró, el principio de independencia requiere que los miembros no podrán estar sometidos a ningún tipo de dirección o influencia ni a presiones del Estado del que sean nacionales ni de ningún otro Estado o de sus organismos.
“El artículo 34 de la Convención es claro en cuanto al procedimiento. Cuando el Comité recibe información que contiene indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, puede: ‘llevar urgentemente la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General’“.
Albán rechazó que el análisis del CED sobre la situación en México se haya limitado a un periodo cerrado y no haya tomado en cuenta la evolución de la situación hasta la actualidad.
“Los objetivos comunes deben seguir siendo: fortalecer la prevención de las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos de desaparición, y erradicar el fenómeno, todo ello en beneficio de las víctimas y sus familias”, sostuvo.
El presidente del Comité también rechazó que el análisis se limite a un periodo acotado y sostuvo que evalúa la evolución del fenómeno hasta la actualidad.

Asegura que la decisión del CED abarca hasta la actualidad

“La decisión adoptada examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continuamos teniendo. El Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132 mil al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional”, afirmó.
Además, precisó que la resolución no está dirigida a una instancia menor sino al máximo órgano de la ONU.
“Cuando el Comité recibe información que contiene indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, puede llevar urgentemente la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General. Nuestra decisión no es una remisión al Alto Comisionado, sino al máximo órgano deliberante de la ONU”, explicó.

“Sí formamos parte del Sistema de las Naciones Unidas”

En la mañanera, Sheinbaum afirmó que el Comité no es un órgano de la ONU y cuestionó que su análisis partiera de casos de cuatro estados entre 2009 y 2017, cuyos resultados, dijo, fueron extrapolados hasta 2025.
“Los órganos de tratado sí formamos parte del Sistema de las Naciones Unidas”, dijo Albán, y sostuvo que la función del Comité es supervisar el cumplimiento de la Convención.
“Los integrantes de los órganos de tratado somos elegidos por los propios Estados partes. Actuamos con independencia, pero no al margen del Sistema de las Naciones Unidas”, destacó.

Panistas exigen al gobierno reconocer la crisis

La diputada panista Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, sostuvo que México no debe ser el referente internacional en desapariciones. “Debe reconocerse la crisis y ver esta decisión (del CED) como una oportunidad para salir de esta crisis”, planteó en conferencia.
En su calidad de presidente de la comisión de Organismos Internacionales, el senador panista Marko Cortés exigió al Gobierno de Claudia Sheinbaum que reconozca la gravedad de la crisis de desaparecidos.
“Es un error que no reconozcan que hay un grave problema: la crisis de los desaparecidos en México, es claro que ha venido agudizándose a partir de la 4T. A partir de la llegada de López Obrador las cifras oficiales de desaparecidos se han incrementado”, planteó.

Juicio político contra Rosario Piedra, solicita diputada de MC

Luego de solicitarle su renuncia, la diputada emecista Laura Ballesteros le notificó a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, que solicitará juicio político en su contra por encubrimiento y negligencia.
En una carta dirigida a Piedra, indicó que su respuesta respecto al informe del CED fue negligente y de absoluto solapamiento de la criminalidad del Estado mexicano que, pese al aumento de desaparecidos en el país, no ha implementado medidas efectivas para resolver esa problemática.
“Usted es titular del órgano que debe acompañar a las víctimas y a sus familias; su trabajo no es proteger al Estado y sus integrantes. Su respuesta, no sólo ante la permanente crisis, sino también su propia respuesta en su comunicación oficial, ha sido negligente y de absoluto solapamiento de la criminalidad del Estado mexicano”, consideró Ballesteros.