Agencia Reforma y Redacción

Ciudad de México / El Sur

El gobierno federal compartió que cuenta con 130 mil 178 registros de personas desaparecidas, de los cuales el 36 por ciento no cuenta con los datos completos para su búsqueda y localización.
Desde Palacio Nacional, Marcela Figueroa Franco, titular de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detalló que en el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas de 1952 a 2026 hay 394 mil 645 registros.
De esta cantidad, 262 mil 111 (66%) fueron localizadas, y de ellas, 21 mil 900 fueron halladas sin vida. “Del total de personas localizadas, 96 por ciento no fue víctima de algún delito”, indicó en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Detalló que 132 mil 534 personas continúan con estatus de no localizadas y desaparecidas y de ellas, 2 mil 356 corresponden a hechos que ocurrieron entre 1952 y 2005; en su mayoría tienen que ver con el periodo de represión por parte del Estado, añadió Figueroa.
Explicó que 130 mil 178 registros de personas son de los últimos 20 años, es decir, de 2006 a 2026, y que a su vez el Gobierno separó en tres categorías.
La primera es de los registros sin datos suficientes para la búsqueda, que son 46 mil 742 (36% del total). “Por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda. Aun así, se mantiene el registro”, expuso Figueroa.
El segundo grupo está compuesto por 40 mil 308 registros (31%) que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda y de los cuales, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición, entre ellos matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE.
El tercer grupo, de 43 mil 128 casos (33%) corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos “no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición”, detalló la titular del SESNSP.
Figueroa Franco señaló que de las 43 mil 128 personas desaparecidas de las que no se tiene actividad hasta la fecha, apenas 26 mil 611 cuentan con reportes en las fiscalías y sólo 3 mil 869 tiene una carpeta de investigación abierta.
Indicó que en el actual gobierno, de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.
En su oportunidad, Sheinbaum ratificó que 2 mil 356 personas desaparecieron en el periodo de 1952 a 2005 “y muy probablemente están vinculadas con desaparición forzada desde el Estado”.
Remarcó que de 46 mil 742 no tienen datos completos, “lo que hace muy difícil su búsqueda, aunque permanecen los registros”; de 40 mil 308 se tiene conocimiento que tuvieron una actividad posterior a su reporte de desaparición “y estamos buscándolos, y es muy probable que estén con vida, y tenemos que seguir buscando para encontrar la prueba de vida”, y de 43 mil 128, del 2006 al 2026, están reportados como “desaparecidos”, pero no tenemos ningún dato. De esos, ratificó que solo 3 mil 869 tienen carpetas de investigación o averiguaciones previas.
–¿Cuál es el mensaje que se envía a los familiares de los desaparecidos que siguen buscando hoy a sus seres queridos? –se le preguntó a Sheinbaum.
– Hasta encontrarlos –respondió la mandataria.

Obligatorio, que reportes de desaparición incluyan carpetas en fiscalías, dice Segob

Producto de la reforma en materia de desaparición que entró en vigor en julio de 2025, el Gobierno federal informó que los registros de personas desaparecidas en el sistema nacional ahora estarán condicionados a la apertura de carpetas de investigación en fiscalías.
La nueva disposición obliga a que todo reporte incluya datos mínimos y derive en una investigación formal, como requisito para su incorporación al registro.
“Hoy es requisito tener datos mínimos y que se aperture carpeta de investigación para tener un registro de persona desaparecida”, señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina.
Durante la mañanera, el funcionario explicó que la ley también establece sanciones para los ministerios públicos que incumplan con esta obligación. Detalló que las sanciones pueden ir desde apercibimientos hasta multas o inhabilitación de funcionarios.

Fiscalías estatales tienen la primera responsabilidad

La presidenta Sheinbaum advirtió que la omisión también puede derivar en responsabilidades penales. “Sí, también, por omisión. La omisión es de un funcionario público. También está catalogada penalmente. Se puede abrir una carpeta a un funcionario que por omisión no abrió una carpeta”, afirmó.
La mandataria reiteró que la responsabilidad de iniciar investigaciones recae en fiscalías estatales.
“No todos los estados han cumplido, por eso se reforzó en la ley. Porque los gobiernos estatales y las fiscalías estatales tienen la primera responsabilidad. La mayoría de las personas desaparecidas, la desaparición por particulares o la desaparición forzada, se investiga desde lo local”, dijo.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se creó una base nacional de carpetas de investigación para concentrar información sobre desapariciones y su estatus.
Reportó que, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se han cumplimentado 286 órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de desaparición de personas.

Colectivos no han solicitado una reunión directa, dice la presidenta

Sheinbaum afirmó que colectivos de madres buscadoras no han solicitado una reunión directa con ella y que el trabajo se mantiene a través de la Secretaría de Gobernación.
Afirmó que las familias están siendo atendidas de manera constante por autoridades federales en mesas de trabajo periódicas.
“Hasta ahora no nos han pedido una reunión adicional. Se trabaja cada 15 días, cada semana, hay reuniones y pues es tan cercano el trabajo que no han pedido una reunión con la Presidenta”, dijo.
Y sostuvo que si existe una solicitud formal, se valoraría la posibilidad de un encuentro.
Señaló que ha mantenido contacto con familiares de personas desaparecidas durante sus giras y que atiende casos de manera directa y refirió que, en diversas ocasiones, prefiere que esos encuentros no se hagan públicos.
Sheinbaum señaló que sí se han realizado reuniones con el colectivo Eureka, integrado por activistas y familiares de desaparecidos en la etapa de la llamada “guerra sucia”, y con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Lo que no hago son estas grandes reuniones, con excepción de los 43 por ser un caso particular”, indicó.

Organizaciones cuestionan el informe y exigen transparentar metodologías

Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron la metodología del Gobierno para reducir el número de personas desaparecidas y advirtieron que es un nuevo intento por minimizar y desentenderse del problema.
El Centro Prodh señaló que es necesario mejorar registros y transparentar las metodologías de revisión y criticó que “la premisa inicial de que no se cometen desapariciones forzadas o que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con ausencias volun-tarias minimiza la responsabilidad del Estado, contrario a lo que han destacado previamente organismos internacionales.
“Acotar a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas mini-miza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos.
“Preocupa que, respecto de los más de 46 mil registros de ‘datos insuficientes’, no se anuncien acciones para subsanar los registros o tomar acciones de localización, dejando la búsqueda a sus familias”, destacó la organización de derechos humanos.
Consideró que reconocer que únicamente 3 mil 869 carpetas de investigación están abiertas evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo donde prevalecen redes criminales que alcanzan a las fiscalías.
En tanto, un colectivo de organizaciones que acompañan a familias buscadoras también acusó al Gobierno de minimizar la dimensión de las desapariciones.
“Desde el inicio de la crisis de violencia en 2007, diversos esfuerzos institucionales han intentado minimizar la magnitud de la desaparición en México. Lo presentado hoy no es la excepción: reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”, señaló el colectivo.
Las organizaciones Fundar, Data Cívica, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Elementa, Justicia pro Persona, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Global Exchange, Voces Mesoamericanas y Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana consideraron una “trampa” que se hable de la obligatoriedad de las carpetas de investigación por desaparecidos.
“La narrativa oficial sostiene que, a partir de ahora, las fiscalías estarán ‘obligadas’, a abrir carpetas de investigación por desaparición. Es imperativo aclarar que esta obligación no es nueva, existe desde la entrada en vigor de la Ley General de 2017.
“Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional”, reprocharon las organizaciones.
Manifestaron que también preocupan las afirmaciones de que 96 por ciento de las personas no localizadas no fueron víctimas de delito, sin que se haya dado a conocer la metodología que sustente dicha conclusión.
En un posicionamiento sobre las cifras dadas a conocer, el colectivo reprochó la insistencia del Gobierno en negar que haya desapariciones forzadas, reduciendo el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizado y borrando con ello la posible participación de agentes estatales.
Amnistía Internacional capítulo México remarcó que la cifra de desaparecidos sigue siendo de 132 mil personas y que hay miles de familias buscándolas, por lo que llamó al Gobierno mexicano a atender la crisis.
Causa en Común advirtió que no son confiables las cifras: “Estos datos deben leerse con absoluta reserva. Como ya se ha acreditado en numerosos análisis, el Registro Nacional de Personas Desapa-recidas y No Localizadas es un instrumento disfuncional, que carece de reglas que homologuen sus procedimientos y que no permite el acceso a sus bases de datos. Todo ello impide verificar la validez de las cifras presentadas”.
No faltan reformas que obliguen a las autoridades a iniciar una investigación tras una desaparición, sino que se erradiquen las malas prácticas, la corrupción y la omisión, consideró a su vez el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).