Agencia Proceso

Ciudad de México

Además de utilizar de manera ilegal el programa espía Pegasus para interceptar las comunicaciones de periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno mexicano habría adquirido el Sistema de Intercepción Ilimitado (ULIN, por sus siglas en inglés), desarrollado por la empresa de origen israelí Ability Inc., según reveló este miércoles la revista Forbes.

De acuerdo con la publicación, este sistema –que cuesta entre 5 y 20 millones de dólares– permite a un gobierno interceptar llamadas, mensajes de texto y datos de geolocalización de los celulares de sus víctimas de forma “casi indetectable”.

A diferencia de Pegasus, que requiere instalarse en el celular de la víctima para espiarlo, el ULIN aprovecha una falla de las telecomunicaciones –en el Sistema de Señales número 7– para obtener acceso a los mensajes de texto, llamadas y datos de geolocalización de cualquier celular, con el único número de la línea telefónica.

Forbes narra que un supuesto ex empleado del área de ventas de Ability Inc. le informó que el gobierno mexicano había adquirido el sistema, lo cual confirmaría que México se convirtió en “uno de los mayores compradores de tecnología de vigilancia”.

A lo largo de este año, se comprobó que el gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó de manera ilegal –y con fines políticos– el programa Pegasus para espiar a periodistas

–incluso al hijo de la periodista Carmen Aristegui, entonces menor de edad-, defensores de derechos humanos, políticos, así como a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes vinieron a México para coadyuvar en la investigación del caso Ayotzinapa.

El escándalo, conocido en redes sociales como #GobiernoEspía, creció. Revelaciones periodísticas mostraron que distintas agencias de seguridad adquirieron Pegasus, entre ellas la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En junio pasado, un grupo de víctimas interpuso una denuncia ante la PGR, que abrió una carpeta de investigación para determinar qué agencia utilizó de modo ilegal el programa espía.

Varios índices apuntalan hacia la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuando el polémico Tomás Zerón de Lucio la dirigía. Zerón

–acusado de alterar evidencias en la indagación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa– era una pieza central en el aparato de espionaje mexicano.

Las víctimas, respaldadas por organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de derechos digitales, exigieron al gobierno que invitara a un grupo de expertos internacionales para supervisar la investigación, ya que dudaron que la PGR se investigara a sí misma de manera seria.

El gobierno federal ignoró la petición y, comentan abogados que siguen el caso, la investigación está estancada.

En julio de 2015, la organización WikiLeaks publicó los archivos internos de la empresa italiana Hacking Team, que desarrollaba entonces el programa espía Remote Control System.

Entre los miles de correos electrónicos de sus empleados, México ocupó un espacio destacado: al sumar las compras del gobierno federal con las de los gobiernos estatales –e incluso de Pemex–, el país resultó ser su mayor cliente.