En un reportaje publicado este viernes, el WP indica que, si bien este sistema es la revisión más profunda de la estructura legal de México en más de un siglo, el reparto de culpas y la confusión reinan en cada eslabón de la cadena legal, en un año en que se ha intensificado la violencia.

“La policía se queja de horas perdidas en llenar formas laboriosas; los fiscales culpan a los jueces por liberar a los delincuentes; los jueces acusan a la policía mal capacitada de cometer errores en las escenas del crimen. Mientras tanto, los poderosos cárteles de la droga están explotando las debilidades en el nuevo sistema y están forzando a las autoridades de amenazas de muerte y sobornos”, enumera el texto.

El diario añade que mientras los jueces esperan que las policías sean igual de precisas que sus homólogas en Washington o Londres, la realidad que impera en el país es que los agentes policiacos apenas saben leer y viven en lugares que parecen verdaderas zonas de guerra.

El rotativo entrevistó al juez de Jalisco Juan Antonio Gutiérrez, quien admitió que no es posible que el sistema opere.

En el texto, el juez cuenta que, desde 2008, el gobierno de Estados Unidos ha invertido más de 300 millones de dólares en el nuevo sistema de justicia penal de México, específicamente para equipar a las cortes y para entrenar a las policías y al personal legal. “Es difícil enfatizar la importancia de la reestructuración. Busca convertir a las policías, notoriamente ineficaces, en investigadores profesionales. Fortalece la independencia de los jueces. Proporciona más derechos a los acusados en un país donde se sabe que las autoridades exigen sobornos, obtienen confesiones bajo tortura y evidencia médica”.

Bajo el nuevo sistema de justicia penal, detalla, los jueces tienen mayor margen de acción para liberar a los sospechosos en espera de un
juicio, lo que ha derivado en que me-
nos gente esté tras las rejas. Actualmente, acota el WP, México tiene 202 mil 700 presos, de 235 mil 900 que tenía antes de junio de 2016.

En Ciudad de México, indica, hay 11 mil prisioneros menos, 30 por ciento menos de los que había antes de que entrara en vigor el sistema, una situación que, en el reportaje, el jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera describe como “muy peligrosa”.

Un número considerable de sospechosos, precisa, son a menudo liberados por errores cometidos por policías y fiscales mal entrenados; muchas veces errores en el papeleo y porque la cadena de custodia de la evidencia es regularmente violada.

El nuevo sistema de justicia penal en México, señala, proviene de una vieja estructura legal basada en un sistema inquisitorial, modelado por el sistema de partido único que definió a México durante la mayor parte del siglo XX. En ese contexto, la policía a menudo era vista como un instrumento de control, no de investigación, y se esperaba que los funcionarios judiciales fueran leales al gobernante PRI, en tanto que los jueces raramente estaban en desacuerdo con los casos escritos reunidos por los fiscales.

El Washington Post advierte que los juicios orales también han puesto en mayor riesgo a los jueces, quienes ahora tienen enfrente a los criminales, quienes a menudo se ven amenazados.

“La turbulencia ha llegado durante el año más mortífero en la historia moderna de México. Los políticos echan la culpa cada vez más los cambios judiciales para vaciar las cárceles y avivar el crimen. Incluso aquellos que abrazan el nuevo sistema legal se preocupan por los fiascos de primer año”, alerta.