Agencia Reforma

Ciudad de México

El Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante el pasado 31 de diciembre la reforma con la que en este 2025 entra en vigor la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
En la edición vespertina de Fin de Año, realizó el último paso para que entrara en vigor que ahora el juez podrá ordenar esta medida cautelar en casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
Asimismo, el robo a transporte de carga, delitos relacionados con hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares; delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Armada y Aérea.
Se añade también la ilegal introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
Sin embargo, salen del catálogo de delitos graves el narcomenudeo y la defraudación fiscal. En el primer caso debido a que se le dará un tratamiento social a la falta, y en el segundo porque involucra a casos de ciudadanos que podrían incumplir con sus obligaciones fiscales.
El artículo que se modifica es el 19 Constitucional en su segundo párrafo y tras su publicación, el Congreso de la Unión tendrá 180 días para armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias, con base en el decreto.
Por su parte, las legislaturas locales tendrán un año para hacer las adecuaciones normativas necesarias y apegarse a lo que indica la reforma.

Se abre más la puerta a la “prisión arbitraria”, afirma ONU-DH

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió ayer que la reforma que amplía los delitos a los que es aplicable la prisión preventiva oficiosa, viola las garantías individuales y abre más la puerta a la detención arbitraria.
Tras la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la tarde del martes 31 de diciembre, el organismo llamó a eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación penal del país.
“Ante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma sobre la prisión preventiva oficiosa (PPO), reafirmamos que esta figura contraviene los derechos humanos. La PPO, lejos de expandirse y endurecerse, debería eliminarse. Según mecanismos internacionales, es una detención arbitraria”, indicó.
La prisión preventiva oficiosa, remarcó, atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso, la libertad personal y la igualdad ante la ley, entre otros derechos.
Recordó que el Alto Comisionado Volker Türk ha expresado en diversas ocasiones su preocupación por los riesgos que implica la utilización indiscriminada de la prisión preventiva oficiosa.
“He hecho comentarios sobre la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, que nunca pensamos que sea la respuesta en este tipo de circunstancias”, señaló apenas el 9 de diciembre, en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos.
“Esto ha sido una preocupación no sólo en México, sino también en muchas otras situaciones. De hecho, necesitamos casi lo contrario, debemos alejarnos de las políticas de encarcelamiento en términos más generales”, agregó.