Agencia Proceso

Monterrey, Nuevo León

Las políticas públicas para combatir la trata de personas son prácticamente inexistentes en México pues, si bien la mayoría de los estados cuentan con una legislación para sancionar el delito, ninguna ha creado mecanismos efectivos para proteger a las víctimas y castigar a los delincuentes.

A esta conclusión llegó el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Arun Kumar Acharya, quien en el libro digital Trata de personas en México: un diagnóstico entre las entidades federativas, encontró que, aunque existe mínimos esfuerzos por contener el fenómeno, en Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León y Sonora tienen en situación de indefensión total las víctimas del ilícito, en particular mujeres, niñas y niños.

En estos lugares, aunque existen leyes que rigen sobre la materia, no hay ninguna política pública que proteja, prevenga y persiga los delitos, factores que, en conjunto, se les conoce como “3P”, de acuerdo con el Protocolo de Palermo establecido por la ONU y ratificado por México.

Sin embargo, en las demás entidades donde si hay códigos que precisan sanciones y establecen políticas de protección, el problema se soslaya, pues los estados simulan emprender acciones que se desvanecen con el tiempo.

El académico originario de la India, concluyó, en la investigación emprendida con un equipo que él encabezó, que la Ley Federal de Trata de Personas, promulgada en el 2012 y con una modificación en el 2014, no ha sido efectiva para disminuir los índices de criminalidad en este fenómeno.

Hay intentos oficiales que parecen, más bien modas, para difundir los peligros del delito, pues luego de intensas campañas de meses, el asunto es olvidado, hasta que surge algún caso de impacto nacional que reactiva las inercias.

Por lo menos, dice, el trabajo sin precedente en México, puede sentar una base a partir de la cual los estados y la federación, así como los legisladores, pueden analizar y detectar las zonas de mayor vulnerabilidad y las acciones para combatir realmente el fenómeno.

Arun Kumar Acharya reunió un equipo integrado por Armando Moctezuma Suárez, Francisco de Jesús Gómez Ontiveros, Abel Garza Ramírez y Estefanía Guerrero Arévalo, para hacer un trabajo científico de investigación concentrado en la relación entre la inequidad de género y la trata de personas, más que en la incidencia estadística del delito.

Junto con la elaboración nacional del índice de inequidad, los investigadores analizaron el fenómeno de la trata con la revisión de mil 400 noticias de periódicos de todo el país, publicadas entre el 2011 y el 2016, sobre este fenómeno.

También fueron revisados los marcos normativos de las 32 entidades para ver cuáles sí tienen leyes sobre trata de personas. Se concentraron en precisar si existen políticas públicas que beneficien a los afectados.

Existen cuatro niveles para detectar a las entidades que incumplen con el Icuman. En el Nivel 1 están los que cumplen con las “3P”. En el N2, los que cumplen con 2; y en el N3, los que cumplen con las 3. En el N4, los que no tienen nada.

En el primer caso se encuentran Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato Hidalgo, Tabasco, Jalisco Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala.

En el segundo están Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas. En el tercero aparecen Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Morelos, Veracruz y Yucatán.

En el último puesto, están Baja California Sur, Nuevo León, Nayarit y Sonora, considerados como un foco rojo pues, son destino recurrente para las víctimas.