Redacción

El Sur / Ciudad de México

En un hecho sin precedente en la historia de las relaciones bilaterales, la fiscalía federal de Estados Unidos anunció ayer acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de Morena, y otros nueve funcionarios o ex funcionarios del estado, por delitos de tráfico de drogas y armas.
La acusación incluye a un senador, un vicefiscal y al alcalde de Culiacán, todos en el ejercicio de sus cargos, y también a dos ex secretarios del gobierno estatal.
Los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Estados Unidos nunca había formalizado antes una acusación penal de ese calibre contra un gobernador mexicano dentro de su mandato ni había involucrado en la misma causa a funcionarios en ejercicio de la misma administración.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cargos implican que Rocha Moya y sus coacusados enfrentan condenas de por lo menos 40 años de prisión.
Los fiscales del Departamento de Justicia formularon la acusación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York con base en una resolución de un gran jurado. El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla.
El 20 de febrero de 2025, el Cártel de Sinaloa fue designado oficialmente por Estados Unidos como “organización terrorista extranjera”.
“Es uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo y uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa ha utilizado la violencia para asesinar, secuestrar e intimidar a civiles, funcionarios del gobierno y periodistas”, dijo enton-ces el Departamento de Estado.

Los Chapitos ayudaron a la elección del gobernador, según el documento judicial

Los nueve señalados colaboraron con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa que encabezan los hijos de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, el ex líder de la banda y quien ahora purga en Estados Unidos una cadena perpetua, según la acusación.
Los Chapitos ayudaron a la elección de Rocha Moya en junio de 2021, mediante secuestros e intimidación a los rivales del ahora mandatario, señaló el documento judicial.
A cambio, Rocha Moya, ya como gobernador, asistió a reuniones con los delincuentes y prometió protección para sus operaciones, dijo la versión.
Rocha Moya y sus coacusados ayudaron a proteger a miembros del Cártel de Sinaloa de investigaciones, arrestos y cargos; les brindaron información procedente de autoridades judiciales y militares y les permitieron cometer actos de violencia relacionados con el narcotráfico, agregó.
Los ahora acusados, dice el documento, recibieron millones de dólares del Cártel. Actuaron a todos los niveles del gobierno en Sinaloa y abusaron de sus posiciones y autoridad para ayudar a las operaciones de Los Chapitos.
“Rocha Moya ha permitido a Los Chapitos operar con impunidad en Sinaloa”, concluyó la acusación.
Dos de Los Chapitos, Ovidio (El Ratón) y Joaquín Guzmán López están bajo proceso judicial en Estados Unidos. Ambos se decla-raron culpables de diversos cargos de narcotráfico, lo que sugiere que colaboran con la fiscalía.
Otros dos hermanos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar están prófugos y es posible que mantengan sus operaciones en Sinaloa.
El año pasado, 17 familiares de El Chapo, incluso su ex esposa Griselda López Pérez, se entregaron a las autoridades estadunidenses, sin que hasta la fecha se conozca públicamente su situación.
En julio de 2024, Ismael El Mayo Zambada, quien fuera líder de la otra facción del Cártel de Sinaloa, fue secuestrado por Joaquín Guzmán López en circunstancias no esclarecidas, y llevado a Estados Unidos. México ha reclamado infor-mación del caso, hasta ahora sin éxito. Zambada está procesado tam-bién por la justicia estadunidense.

Los otros acusados

El alegato de la Fiscalía estadunidense señaló que el ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, está acusado de recibir mil 600 dólares mensuales para dar acceso a Los Chapitos a esa corporación, facilitarles el uso de oficinas y que pudieran así mantener el control de la ciudad, incluso mediante arrestos, secuestros y asesinatos.
De acuerdo con la acusación, en octubre de 2023 Valenzuela Millán ayudó a Los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y a un familiar, a quienes torturaron y asesinaron.
El fiscal federal a cargo del caso, Jay Clayton, dijo que “el Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”, dijo Jay Clayton.
Los otros acusados son:
–Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena, ex presidente del Poder Judicial de Sinaloa y primer secretario de Gobierno de Rocha Moya.
–Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas del gobierno estatal.
–Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal estatal.
–Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal sustituto de Culiacán.
–Juan Valenzuela Millán, ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juanito.
–Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad del estado.
–Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación del estado.
–Alberto Jorge Contreras Núñez (Cholo), ex comisario general de Policía de Investigación del estado.
–JoséAntonio Dionisio Hipólito (Tornado), ex subdirector de la Policía Estatal.
Los acusados usaron sus cargos públicos para “proteger las operaciones del cártel”: DEA

El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, expresó que los funcionarios de Sinaloa utilizaron sus cargos para proteger actividades del Cártel de Sinaloa.
“El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una Organización Terrorista Designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”, expresó Cole.
“Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley”, añadió.
“Agradecemos a nuestros socios estadunidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar nuestras comunidades. Juntos, continuare-mos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadunidense y salvar vidas’’, detalló el director de la DEA quien estuvo como director regional de esa agencia en los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Se investigará en todos los casos la “corrupción que facilita el crimen organizado”: Johnson

Tras conocerse la acusación, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que todos los actos de corrupción que ayuden al crimen organizado serán castigados.
“La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, aseveró. (Con información de Agencia Reforma).