Iris Velázquez / Agencia Reforma

Ciudad de México

El gobierno de Guatemala informó que evalúa la posibilidad de otorgar el Estatus de Permanencia por Razones Humanitarias a un grupo de alrededor de 100 personas de nacionalidad mexicana que se han desplazado a su territorio tras huir de la violencia en el Estado de Chiapas.
Desde el pasado 10 de agosto, estas familias han sido acogidas en una escuela de la Aldea Guailá, ubicada en el departamento de Huehuetenango, en la Municipalidad de La Democracia, que se ha convertido en sitio de resguardo de desplazados mexicanos.
“Los habitantes guatemaltecos de esta comunidad se han convertido en un punto clave de acogida para las familias mexicanas que buscan resguardo”, comunicó el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) este martes.
“Se ha registrado el desplazamiento de personas de nacionalidad mexicana hacia el departamento de Huehuetenango, como consecuencia de la violencia que afecta al estado de Chiapas, en el vecino país”, agregó.
Dicho instituto indicó que enviará un equipo multidisciplinario para evaluar las necesidades de las personas afectadas y analizar la posibilidad de otorgar el Estatus de Permanencia por Razones Humanitarias, a fin de regularizar su situación migratoria en el país.
El IGM informó que ha coordinado un equipo multidisciplinario para brindar asistencia humanitaria en colaboración con organizaciones como la Cruz Roja, Plan Internacional y el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA) y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), con el fin de brindar asistencia humanitaria.
“Es importante destacar que tanto el Instituto Guatemalteco de Migración como el Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México han establecido comunicación sobre este tema. Además, el Cónsul de México en Quetzaltenango, junto a autoridades locales, realizaron un recorrido conjunto por el área mencionada”, refirió la dependencia extranjera ante la migración de mexicanos para buscar refugio en su país.
La situación contrasta con la postura de las autoridades de Chiapas, quienes la semana pasada negaron la existencia de un desplazamiento forzado “como tal”.
El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, afirmaron que las familias ya habían retornado a sus comunidades y que se vivía un ambiente de “paz y tranquilidad” en la región, a pesar de que el Gobierno de Guatemala ha confirmado la llegada del grupo de desplazados.
“Queremos reiterarle a los ciudadanos que no hay como tal desplazamientos forzados. Estamos también recorriendo todas las poblaciones y hablando con la población (para preguntarles) en general cuál es su percepción”, indicó Aparicio Avendaño en un video difundido el viernes pasado.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala señaló la semana pasada el ingreso de un grupo de 60 personas a la aldea Guaila y destacó las acciones de las instituciones de Gobierno y locales para garantizar su seguridad. Detalló que se habilitó un albergue temporal en una cancha de basquetbol, y se han enviado brigadas médicas para atender a los desplazados.